Itongadol.- El recién nombrado ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció el miércoles una serie de polémicas reformas, entre ellas la denominada «cláusula de derogación», que permite a los miembros de la Knesset votar para anular las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Israel.
Las reformas también proponen limitar la autoridad del Alto Tribunal, transferir al gobierno el control sobre el comité de selección judicial y recortar la autoridad de los asesores jurídicos del gobierno.
Tras su victoria en las elecciones de noviembre, el primer ministro Benjamin Netanyahu volvió al poder la semana pasada, encabezando lo que los analistas califican como el gobierno más derechista de la historia del país. Una de sus agendas es reformar el sistema judicial.
Las reformas presentadas por Levin -de aprobarse- aumentarían el poder de los cargos electos sobre los tribunales.
«Hay jueces, pero también hay un parlamento y un gobierno», dijo en relación con la medida. «La democracia está en peligro cuando votamos en las urnas, pero cada vez deciden por nosotros funcionarios que no fueron elegidos».
La reforma clave propuesta permitiría a la Knesset anular una decisión del Alto Tribunal con una votación por mayoría simple. Como Israel no tiene Constitución, el Tribunal Supremo tiene actualmente autoridad para anular las leyes que considere discriminatorias. Los funcionarios del nuevo gobierno afirman que el poder judicial tiene demasiado poder, por lo que pretenden aprobar la «cláusula de derogación» que les permitiría restablecer las leyes anuladas por los tribunales.
«Una ley aprobada por el Parlamento ya no puede ser anulada por un juez», dijo Levin. «Corresponde al gobierno elegido decidir las leyes».
Levin fue duramente criticado por el plan propuesto, y la oposición alegó que coincidía convenientemente con la vista en el Tribunal Supremo de los argumentos de la petición contra el nombramiento del líder de Shas, Aryeh Deri -condenado anteriormente por fraude fiscal-, como ministro.
El líder de la oposición, Yair Lapid, denunció las reformas, diciendo en Twitter que «pone en peligro todo el sistema legal del Estado de Israel».