Itongadol/Agencia AJN.- La reciente aprobación de la ley de pena de muerte para terroristas por parte de la Knesset reabrió uno de los debates más profundos del sistema legal israelí: no solo si el Estado debe aplicar ejecuciones, sino si esta legislación podría derivar en una aplicación desigual en la práctica.
La norma establece la pena de muerte —por ahorcamiento— como sentencia por defecto en tribunales militares para determinados delitos terroristas con resultado de muerte, mientras que en paralelo introduce modificaciones al código penal israelí.
Para el jurista Yoram Rabin, especialista en derecho penal y constitucional y presidente del Colegio de Administración, la ley representa tanto una ruptura moral como un texto jurídicamente vulnerable. “Es una mancha moral”, afirmó en una entrevista, señalando que durante años se asumía que Israel no volvería a aplicar la pena capital de esta forma.
Rabin contextualizó la medida dentro de la historia legal del país. Aunque Israel heredó del Mandato Británico leyes que contemplaban la pena de muerte, en 1954 fue abolida para casos de asesinato. Desde entonces, solo se aplicó una vez, en el juicio contra Adolf Eichmann, lo que consolidó una práctica de no utilización incluso cuando la pena seguía existiendo en la legislación.
Según el académico, la nueva ley rompe con esa tradición de uso extremadamente limitado y plantea dos grandes desafíos legales.
El primero es constitucional: si la pena de muerte puede coexistir con la Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad. Rabin sostiene que existe un consenso en que la pena capital contradice el derecho a la vida, por lo que el debate pasará por determinar si puede justificarse bajo criterios de necesidad y proporcionalidad frente al terrorismo.
Sin embargo, el punto más crítico —según el experto— es el posible carácter discriminatorio de la norma. La ley establece un régimen específico para personas que cometan actos terroristas con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel, aplicable principalmente en tribunales militares para “residentes del área”, categoría que excluye a ciudadanos israelíes.
Esto, advierte Rabin, podría derivar en una aplicación casi exclusiva contra palestinos, mientras que otros casos de violencia ideológica —como el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin o el crimen de Mohammad Abu Khdeir— no encuadrarían de la misma manera bajo esta legislación.
“En la práctica, habrá diferenciación, y será una pena de muerte para árabes”, advirtió el jurista.
El debate ya llegó a los tribunales: al menos dos peticiones fueron presentadas ante el Tribunal Supremo, lo que anticipa una batalla legal sobre la constitucionalidad y la igualdad ante la ley.
Además, Rabin cuestionó uno de los principales argumentos a favor de la norma: su efecto disuasorio. Citando estudios académicos, señaló que no hay evidencia concluyente de que la pena de muerte reduzca el terrorismo, y advirtió que incluso podría tener efectos contraproducentes, como represalias violentas o dificultar futuros intercambios de prisioneros.
En el plano internacional, el experto recordó que Europa ha abolido la pena capital, mientras que Estados Unidos sigue siendo una excepción entre las democracias occidentales, aunque con un uso cada vez más limitado.
Por ahora, la ley sigue vigente. Pero su futuro podría definirse en los tribunales, donde se pondrá a prueba no solo su legalidad, sino también el modelo de justicia que Israel busca consolidar en medio de un contexto de guerra y terrorismo.
Fuente: The Jerusalem Post