Itongadol.- Un grupo de manifestantes encadenó este miércoles los portones del edificio donde reside el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, en la ciudad de Modiin, en lo que parece ser una respuesta directa al reciente enfrentamiento institucional. Horas antes, el conductor del ministro había impedido el acceso de la fiscal general Gali Baharav-Miara a una oficina gubernamental compartida, generando una nueva escalada en la crisis entre el gobierno y el sistema judicial.
El incidente en Modiin, reportado inicialmente por el Canal 12, incluyó un candado con una nota irónica que decía: «La llave la tiene el conductor de Levin». Aunque residentes del lugar retiraron rápidamente las cadenas, el episodio llevó a reforzar la seguridad del ministro, cuya oficina calificó a los manifestantes como «anarquistas» y destacó que el estacionamiento afectado es de uso comunitario.
Este acto de protesta se enmarca en un contexto político particularmente tenso. La semana pasada, el gabinete israelí aprobó la formación de un comité especial para destituir a Baharav-Miara, decisión que la Corte Suprema congeló inmediatamente mediante una orden que prohíbe al gobierno obstruir sus funciones. Sin embargo, Levin continuó su pulso institucional cuando este martes bloqueó personalmente el acceso de la fiscal a una oficina clave en Jerusalem utilizada para coordinación intergubernamental.
Desde la oposición política, la diputada Karine Elharrar de Yesh Atid condenó lo que describió como «un patrón de comportamiento autoritario» por parte del ministro. «Levin actúa como si las instituciones del Estado fueran su propiedad privada», declaró a los medios. Por su parte, expertos en derecho constitucional consultados por el diario Haaretz advirtieron que estas acciones podrían configurar desacato a las órdenes judiciales, un delito que en Israel puede llevar hasta dos años de prisión.
La fiscal general Baharav-Miara prepara una nueva presentación ante la Corte Suprema para este jueves, mientras grupos de defensa de la democracia como el Movimiento por un Gobierno de Calidad anunciaron protestas masivas bajo el lema «Levin no es el dueño del Estado de Derecho». Analistas políticos señalan que esta crisis refleja el profundo desgaste en las relaciones entre los poderes del Estado israelí, con el ministro de Justicia como figura central de la polémica reforma judicial que busca limitar las facultades del sistema judicial.
En paralelo, fuentes del Likud revelaron que algunos miembros del partido están evaluando distanciarse públicamente de las acciones de Levin, preocupados por el costo político de estos enfrentamientos. Mientras tanto, la Asociación de Abogados de Israel emitió un comunicado advirtiendo sobre «el peligro de normalizar la violación de órdenes judiciales por parte de autoridades gubernamentales».