Itongadol/AJN (Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Los Estados Unidos prohibieron ayer, miércoles, el ingreso a su país de uno de los principales acusados como autores ideológicos del atentado a la AMIA, el iraní Alí Fallahijan.
Este tiene orden de captura internacional y «notificación roja» de Interpol porque fue ministro de Inteligencia entre 1989 y 1997, así que también habría sido responsable del ataque a la Embajada de Israel en la Argentina, dos años antes.
Ambos hechos, perpetrados el 17 de marzo de 1992 y el 18 de julio de 1994, provocaron más de un centenar de muertos, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales.
Los departamentos de Estado y del Tesoro anunciaron sanciones financieras y restricciones de visa de entrada a una docena de dirigentes y entidades iraníes, entre quienes se encuentran Fallahijan y sus parientes más cercanos.
El primero de los organismos explicó que este estuvo «involucrado en numerosos asesinatos y ataques en todo el mundo» y entre ellos puntualizó que fue el «responsable» del atentado a la AMIA.
También citó un atentado suicida contra un micro israelí en la Franja de Gaza en 1995, por el cual fue asesinada Alice Flatow, una estudiante estadounidense de intercambio de 20 años.
En la Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado de activos, dispuso en agosto del año pasado el «congelamiento administrativo de bienes y/o dinero» de los imputados iraníes por el atentado a la AMIA, incluido Fallahijan.
Las actuaciones tuvieron origen en un informe de inteligencia que «hace alusión a determinadas personas humanas que fueron inscriptas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) creado por el Decreto 489/2019», el mes anterior, en coincidencia con el 25° aniversario de esa masacre.
La inscripción «fue solicitada por el fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del conocido atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina», añadió la resolución firmada por su vicepresidenta, María Eugenia Talerico.
Ese informe, explicó, sostiene que la Unidad AMIA «informó acerca de la existencia de imputaciones y solicitudes de captura nacional e internacional de las personas humanas inscriptas en el RePET como resultado de su participación en el atentado terrorista» y «la existencia de trabas de embargo y la inhibición general» de sus bienes.