Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Mañana, jueves, desde las 10 hs., declarará en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA el primero de los testigos políticamente relevantes convocados al mismo: el ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y comisario general retirado Adolfo Vitelli.
También fue citado el entonces comisario mayor José Bretschneider, ex titular de la Dirección de Sumarios de esa fuerza, quien instruyó los expedientes administrativos contra los efectivos investigados en el marco de la “causa AMIA”, ya sea por el ataque terrorista o delitos conexos.
Otro “condimento” de la audiencia serán las eventuales repercusiones que tendrá la reciente detención de uno de los imputados, el ex abogado de Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, Víctor Stinfale, por la muerte de cinco jóvenes en una fiesta electrónica.
En este juicio está acusado de haber recibido, en supuesto concepto de pago de honorarios, parte de los 400.000 dólares de fondos reservados de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado que le abonaron a su cliente para cambiar su indagatoria e imputar -se presume que falsamente- a ex policías bonaerenses de ser la “conexión local” del atentado.
La declaración de Vitelli y Bretschneider versará acerca de esos sumarios, la relación con el juzgado entonces a cargo del destituido Juan José Galeano y el poder político provincial de la época y, sobre todo, el disímil trato que mereció el fallecido comisario Alejandro Burguete -fue sobreseído administrativamente y volvió a ejercer sus funciones tras declarar contra el entonces comisario Juan José Ribelli, sindicado como el líder de los cómplices argentinos- respecto del resto de sus colegas, que fueron exonerados de la Policía bonaerense casi en su totalidad.
Lo cierto es que el 28 de junio de 1995, el entonces comisario mayor Ramón Orestes Verón inició una investigación interna para identificar a los efectivos de las brigadas de Lanús y Vicente López que habrían extorsionado a Telleldín, según éste había denunciado en una entrevista con Página/12 publicada doce días antes.
Luego, Bretschneider abrió la instrucción sumarial, con la intervención del juzgado, y comenzó a tomar declaraciones testimoniales incluso a quienes estaban imputados y debían ser indagados, sin la obligación de decir la verdad para no incriminarse.
En base a esa actuación interna y a un informe firmado por ambos funcionarios, Galeano ordenó formar una nueva causa, conocida como “Brigadas”, dirigida a acusar a los ex policías y agregar la declaración como testigos y denunciantes de Telleldín y su amigo y cómplice Hugo Pérez, quien también habría sido víctima de una maniobra coactiva.
Entre las imputaciones estaba el haber recibido la Trafic como parte del pago por las extorsiones, lo cual fue desestimado en el juicio anterior, que fortaleció la causa que ahora es sometida a debate.
En esa ocasión, Bretschneider afirmó que la situación de Burguete de seguir en actividad pese a estar procesado por falsedad ideológica y asociación ilícita no era normal y que la explicación debía buscarse en los “estamentos superiores que deciden por sobre la institución policial”.
En tanto, Vitelli reconoció que ello fue por una instrucción expresa de los entonces secretario y subsecretario de Seguridad bonaerenses, Eduardo De Lazzari y Federico Domínguez -actualmente imputado por coacción a imputados en la causa-, quien le dijo que esa medida “era beneficiosa para la investigación”.
El ex jefe policial conversó dos o tres veces con ellos sobre el tema y también le indicaron que debía exonerar a los otros policías vinculados con la “causa AMIA”, lo cual le transmitió a Bretschneider.
El testigo también aseguró que luego de examinar el sumario informó a sus superiores que la medida era prematura porque aún no había una resolución judicial, pese a lo cual sobreseyó a Burguete y levantó su disponibilidad preventiva hasta tanto surgiesen más pruebas.
Asimismo, en este juicio, el comisario mayor retirado Jorge Oslovsky, quien fue secretario de Bretschneider, relató que Verón actuaba como “delegado” de Galeano y le transmitía las instrucciones a su jefe, quien luego llevaba las declaraciones al juzgado.
No obstante, “nunca recibí ni escuché directivas para hacer algo que no correspondiese, ni lo habría hecho”, aclaró.
Por otra parte, el ex subcomisario bonaerense Juan Maisú acusó a Vitelli de iniciarle un sumario administrativo tras consultarlo con Galeano, quien habría mandado a que el director general de Investigaciones, Armando Calabró, lo filmara y grabara subrepticiamente, aunque admitió no haber visto esa presunta orden.
Y el ex sargento Manuel García apuntó contra Bretschneider: “como estaba apurado, le dictaba mi declaración a un oficial, pero ello no respondía a mi versión, así que me opuse, vino el director general de Asuntos Judiciales, el comisario general Sava, y le ordenó que fuese al día siguiente a mi dependencia para hacer las cosas como se debe”.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento y espera ser juzgado por violación de secretos de Estado, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: el mencionado pago ilegal y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado con ex presidente Carlos Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, y al propio Telleldín, su entonces concubina, Ana María Boragni, y Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3, que realizó el juicio anterior, así que volvió a sortearse y le tocó al TOF 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron por años el inicio del debate.