Itongadol/AJN- El último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic que voló la AMIA, Carlos Telleldín, dedicó su indagatoria de cuatro horas y media en la séptima audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA a denunciar a los entonces juez Juan José Galeano y fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y a referentes de la comunidad judeoargentina.
En primer lugar expuso durante unos 60 minutos y luego fue el turno de las preguntas de la Fiscalía y las querellas, excepto la de la AMIA y la DAIA, cuyos interrogantes avisó que no respondería, así como los de las defensas, salvo la propia.
Básicamente, el imputado reiteró su última versión de los hechos, que presentó hacia el final del otro juicio oral, y que repite desde entonces, sobre la presunta venta de la camioneta-bomba Trafic, sus vivencias en el marco de la causa y las propuestas para mejorar su situación a cambio de involucrar a inocentes en el ataque terrorista, especialmente los 400 mil dólares que recibió por acusar a policías bonaerenses.
Su declaración paga “fue un mix de cosas”: las extorsiones de esos efectivos eran verdad, la entrega a ellos de la Trafic “fue un armado” del ex magistrado, aseguró.
Según Telleldín, Galeano fue el primero que habló de pagarle, así que arreglaron que fuese en dos pagos, uno antes y otro después de la firma de la misma, sin otro condicionamiento, pese a que la acusación es que la segunda mitad era a cambio de la declaración de testigos que apoyaran su versión.
Curiosamente no apuntó contra la Secretaría de Inteligencia del Estado -“Galeano nunca habló de la SIDE, ni me dijo que el pago era secreto”-, sino contra los citados ex funcionarios, a pesar de admitir que Mullen y Barbaccia casi no estuvieron en la audiencia que posibilitó que cobrase: “No me arrepiento porque, si no, los policías y yo habríamos recibido (cadena) perpetua y así se probó que el juez y los fiscales eran unos corruptos”.
Por otra parte, insistió con una necesidad general de darle alguna respuesta a la comunidad judía, y en ese marco señaló varias veces a dirigentes comunitarios y a Israel.
Por ejemplo, el acusado contó que creía que el dinero provenía del Banco Mayo, que presidía el entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, o del Mosad hasta que los espías de la ex SIDE admitieron su participación en esa operación.
Ello fue porque las personas involucradas tenían “nombres israelitas como David o Jaime”, porque el ex juez le pidió autorización para que lo interrogase un falso procurador general de Israel, que hablaba un perfecto castellano (sic), y por una reunión de unos 40 minutos que tuvo en el juzgado con el titular de la DAIA, su fallecido secretario general, Rogelio Cichowolski, y el abogado de la AMIA, Luis Dobniewsky.
En esa ocasión, que no pudo precisar si fue antes o después del pago, “Beraja me dijo que si hacía lo que debía, me iría a mi casa; me sentí perdido, era un apoyo para Galeano”, relató quien entendió que ello significaba mentir sobre los policías, aunque no se lo precisaron.
El ex presidente de la DAIA podrá decir que era decir la verdad…
“Firmé (la indagatoria paga) porque la AMIA y la DAIA habían pedido mi procesamiento, el de mi hermano Eduardo y el de mi mujer”, Ana María Boragni, explicó Telleldín sin aclarar que esa conducta no se modificó tras su declaración, sino todo lo contrario: después del pago, “la comunidad presionó para que no me liberaran y los fiscales se opusieron” a la excarcelación, se quejó pese a que ello beneficia a los aludidos y al ex líder judío, que podrán argumentar que esto probaría que no estaban al tanto o de acuerdo con el beneficio que recibió.
Además, Víctor “Stinfale se reunió dos o tres veces con Beraja; no sé los detalles, pero por eso pensábamos que la plata venía del Banco Mayo”, afirmó sobre su ex abogado.
En tanto, “Dobniewsky llamó a mi casa cinco días antes del atentado y después dijo que era alguien de su estudio que buscaba a un empleado mío, Gustavo Fernández, pero nadie quiso investigarlo como lo hicieron con (el referente de la ‘pista siria’ Alberto Jacinto) Kanoore Edul, que llamó a casa por la Trafic y dejó un mensaje en el contestador, pero la SIDE se llevó el casete; igualmente, ya la había vendido”, diferenció el último poseedor conocido de la camioneta-bomba.
El imputado también apuntó contra el fallecido fiscal Alberto Nisman, a quien acusó de haberle pedido a uno de sus abogados en el juicio anterior, Luis Sasso, que lo convenciera de mantener la versión oficial contra los ex policías bonaerenses a cambio de que no lo acusara, lo cual pensaba probar en este debate si el funcionario hubiese estado presente.
“Fue en un cuarto intermedio, después de la declaración de los agentes de la SIDE” que reconocieron el pago, precisó.
“Eran amigos, y en 2009, después del fallo de la Corte (Suprema que validó la investigación en su contra), lo dejó revisar el expediente y le propuso que presentara un escrito diciendo que no había elementos nuevos en la causa” para que no siguiera adelante, habida cuenta que Nisman no había apelado su absolución, agregó Telleldín a sabiendas de que éste no puede desmentirlo.
Debido a lo avanzado de la hora, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dispuso un cuarto intermedio hasta la semana que viene, para escuchar a Stinfale y, de ser posible, Beraja y Boragni.