Los movimientos de protesta tienen éxito cuando los participantes creen que están moldeando su propio futuro, no cuando los militares extranjeros se convierten en los actores decisivos.
Itongadol/Agencia AJN.- (The Times of Israel – William Keenan*)Cualquier evaluación sobre una posible intervención estadounidense en Irán debe comenzar reconociendo limitaciones concretas más que preferencias políticas. Es muy poco probable —política, militar o socialmente— que Estados Unidos despliegue fuerzas terrestres en Irán bajo las condiciones actuales o previsibles. La geografía, la postura de las fuerzas, la política de alianzas y el legado persistente de Irak limitan drásticamente las opciones de Washington a distancia: operaciones cibernéticas, acciones encubiertas, ataques selectivos, aplicación de sanciones y, en el límite, la eliminación de líderes.
Sin embargo, la ausencia de ocupación no equivale a ausencia de riesgo. Por el contrario, la intervención sin control conlleva un conjunto de peligros distintos, más difusos, menos previsibles y potencialmente más desestabilizadores.
La pregunta estratégica central, por lo tanto, no es si Estados Unidos puede imponer costos a la República Islámica (lo puede hacer), sino si tales costos, aplicados desde la distancia, pueden producir resultados alineados con los intereses estadounidenses y la estabilidad regional. En el caso de Irán, la respuesta sigue siendo profundamente incierta.
El peligro más inmediato es la escalada sin dominio. La doctrina de seguridad de Irán se basa en la suposición de que la presión externa durante períodos de agitación interna constituye una amenaza existencial. Incluso acciones estadounidenses limitadas —ya sean sabotajes cibernéticos, ataques a activos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC, por sus siglas en inglés) o eliminación encubierta de líderes— serían casi con seguridad interpretadas en Teherán como la fase inicial de un cambio de régimen.
En esas condiciones, la represalia no sería opcional, sino obligatoria. Irán mantiene capacidades creíbles para atacar a Israel, bases estadounidenses en la región, interrumpir el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz y activar redes de proxys en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Una intervención concebida de manera limitada podría, por lo tanto, ampliarse rápidamente a un enfrentamiento regional que Washington ni busca ni controla.
La arquitectura de proxys de Irán está diseñada precisamente para tales contingencias. Milicias chiíes pakistaníes y afganas alineadas con el IRGC operando desde Siria, grupos armados chiíes iraquíes, Hezbollah en el Líbano y los Hutíes en Yemen proporcionan a Teherán un menú de respuestas negables y escalables. Estos actores no necesitan producir efectos militares decisivos para ser estratégicamente significativos. Su valor radica en crear presión en múltiples frentes, obligando a Estados Unidos e Israel a responder tácticamente de manera repetida y difuminando los umbrales de escalada. El dilema es persistente: responder y arriesgar ampliar el conflicto, o absorber ataques y exponer la erosión de la disuasión.
Los mercados energéticos amplifican este riesgo. Irán no necesita cerrar el Estrecho de Ormuz para imponer costos globales, le basta con hacer que el tránsito sea imprevisible. Incluso interrupciones simbólicas —incidentes con minas, acoso con drones o choques en seguros— pueden disparar los precios y socavar la confianza en el mercado. En una economía global ya frágil, esta volatilidad se traduciría rápidamente en presión política interna en Estados Unidos y tensaría la cohesión de las alianzas. Esta influencia es asimétrica pero poderosa, y está en gran medida fuera del alcance de soluciones militares de precisión.
El cálculo de la intervención se complica aún más por la dinámica de las grandes potencias. Irán hoy en día no es un actor aislado, sino parte de un ecosistema estratégico más amplio con Rusia y China. Moscú tiene incentivos para prevenir otro colapso de régimen respaldado por EE.UU. que refuerce la primacía occidental, particularmente mientras maneja confrontaciones en otros lugares. Pekín, aunque cauteloso, tiene fuertes intereses en la seguridad energética y en la erosión de sanciones.
Ninguna de estas potencias necesita intervenir de manera abierta para aumentar los costos a EE.UU. El apoyo de inteligencia, transferencias de defensa aérea, operaciones cibernéticas, obstrucción diplomática y líneas económicas de auxilio son suficientes para transformar una intervención “limitada” en un prolongado enfrentamiento por proxys sin un techo claro de escalada.
Más allá de estas dinámicas externas se encuentra el riesgo más malinterpretado: el efecto de la intervención sobre el movimiento de protesta interno en Irán. No hay duda de que algunos elementos de la oposición recibirían con agrado la presión externa sobre el régimen. Durante recientes ataques israelíes, hubo expresiones visibles de aprobación en algunas zonas urbanas, reflejando una opinión —minoritaria pero real— de que cualquier golpe al régimen adelanta la causa del cambio. No obstante, este sentimiento no es ni uniforme ni dominante.
La mayoría de las protestas dentro de Irán siguen siendo impulsadas por el colapso económico, la corrupción, la represión y las demandas de dignidad, más que por alineamiento geopolítico. Incluso entre los iraníes profundamente anti régimen, el nacionalismo sigue siendo un factor moderador poderoso. Muchos manifestantes creen simultáneamente que la República Islámica debe caer y que la intervención militar extranjera conlleva riesgos profundos. Esta dualidad es crítica, porque la intervención no solo debilitaría al movimiento de protesta; lo reconfiguraría.
A su vez, la acción militar externa fracturaría a la oposición en múltiples ejes. Ideológicamente, la intervención se convertiría en una prueba de lealtad, dividiendo a quienes ven los ataques extranjeros como liberación y a quienes los perciben como humillación o peligro existencial. Socioeconómicamente, las interrupciones energéticas y los choques de sanciones afectarían de manera desigual, tensionando a los manifestantes de clase trabajadora y provinciales cuyas quejas ya son materiales e inmediatas.
Tácticamente, las expectativas divergerían: algunos grupos intensificarían acciones creyendo que el colapso es inminente; otros se retirarían para evitar asociarse con actores extranjeros; otros más se radicalizarían o se esconderían. Con el tiempo, incluso los partidarios iniciales de la intervención se fragmentarían a medida que aumentan los costos civiles y crece la reacción nacionalista.
Quizá lo más dañino sería que la intervención trasladaría la agencia de la sociedad iraní hacia potencias externas. Los movimientos de protesta tienen éxito cuando los participantes creen que están moldeando su propio futuro. Cuando los militares extranjeros se convierten en los actores decisivos, los manifestantes se reducen a espectadores de eventos que no controlan. Esta erosión de la agencia socava la legitimidad, la coordinación y la resistencia —las cualidades necesarias para mantener la presión sobre un sistema autoritario arraigado—.
La eliminación de líderes, en ocasiones propuesta como la opción más agresiva factible sin llegar a la guerra, no resuelve estos dilemas. Quitar figuras de alto rango sin poder imponer orden crea un vacío de mando en lugar de una transición. El sistema político iraní no es una dictadura personalista sostenida por un individuo; es una red compleja de instituciones clericales, órganos de seguridad, conglomerados económicos y centros de poder regionales.
La eliminación de líderes probablemente desencadenaría competencia entre facciones del IRGC, redes clericales y comandantes provinciales, mientras actores externos maniobran para influir en los resultados. Sin una fuerza ocupante que estabilice la transición —un paso que EE.UU. no dará— el resultado probablemente sería más fragmentación o autoritarismo renovado que consolidación democrática.
El riesgo se amplía aún más con la presión para intensificar la misión. Una vez que comienza la intervención, la presión para escalar inusualmente disminuye. Si los ataques limitados no alteran el comportamiento del régimen, se intensifican los llamados a una acción más amplia. Si la decapitación provoca caos, emergen imperativos humanitarios o de estabilización. Si aliados —particularmente Jerusalem, cuyos plazos y percepciones de amenaza difieren de los de Washington— actúan unilateralmente, EE.UU. puede verse arrastrado a un conflicto que no diseñó. En este contexto, la ambigüedad estratégica se convierte en una desventaja más que en una cobertura.
El panorama acumulado es sombrío. Los riesgos de una intervención estadounidense en Irán son sistémicos, interconectados y difíciles de contener. La dinámica de escalada, la activación de proxys, los choques energéticos, las contramedidas de grandes potencias, el endurecimiento del régimen y la reconfiguración del movimiento de protesta apuntan en la misma dirección. Debido a que EE.UU. no está dispuesto a ocupar Irán, carece de la principal herramienta históricamente requerida para moldear los resultados posteriores a un colapso.
La pregunta estratégica, por lo tanto, no es si EE.UU. puede intervenir, sino si la intervención bajo estas limitaciones puede plausiblemente producir resultados alineados con sus intereses. La evidencia sugiere que no puede. La intervención limitada promete acción visible pero resultados inciertos, aumentando de manera confiable la probabilidad de consecuencias no deseadas. En Irán, la presión sin control no genera orden; genera volatilidad. Y la volatilidad, a esta escala, constituye en sí misma un riesgo estratégico.
*William Keenan es un analista retirado de inteligencia de Medio Oriente que sirvió en la OTAN y el Pentágono.