Itongadol.- (Por Zvika Klein* – The Jerusalem Post) Supe que algo no estaba bien en el momento en que los detectives de Lahav 433 me hicieron pasar a la sala de interrogatorios, allá por abril. Sin una orden judicial, sin una solicitud cortés.
Solo dos manos enguantadas que se apoderaron de los dos celulares que contienen años de material de fuentes. Lo llamaron “evidencia”. Y una silla metálica gris que sería mía durante las siguientes 12 horas.
Estuve bajo arresto domiciliario por cinco días y con prohibición de hablar públicamente. Tres meses después, ambos celulares siguen bajo llave en una bóveda policial, y filtraciones cuidadosamente editadas de su contenido ya llegaron a redacciones rivales.
Estuve bastante callado desde que salí del arresto domiciliario y recibí un enorme apoyo de israelíes de todos los sectores. Pero el viernes, casi pierdo el control: el corresponsal legal del Canal 13, Aviad Glickman, fue captado en cámara empujando a Gal Dabush, asistente de Sara Netanyahu, en un pasillo del tribunal.
En seis semanas, él también fue citado a declarar, hasta que la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, pisó el freno. Una “consulta urgente”, explicó, es obligatoria cada vez que la policía contempla investigar a un periodista por conductas vinculadas a su trabajo; cualquier cosa por debajo de eso podría “enfriar a la prensa”.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, calificó la medida como un “indulto a medida para amigos en los medios”. Por una vez, el ministro tenía un punto.
La hipocresía de cerca
Esto es lo que no me deja dormir: la mujer que da lecciones a la nación sobre “aplicación cuidadosa y proporcional” ahora se comporta como un animal herido, atacando todo lo que se interpone en su camino hacia la autopreservación. Y yo resulté estar en su camino.
¿El daño a mi reputación, a la tranquilidad de mi familia? Daños colaterales.
¿Los miles de israelíes que ahora creen que ella perdió toda noción de equidad? Ruido de fondo.
Vi a experimentados del sistema judicial, investigadores policiales, secretarios de tribunales, incluso jueces, susurrar que la credibilidad de la fiscal general se está desplomando.
Ven lo mismo que ve el público: normas invocadas una semana e ignoradas a la siguiente; secreto para los amigos, transparencia para los enemigos. Si la legitimidad es una moneda, ella está sobregirando la cuenta nacional.
La fiscal general de Israel ejerce al mismo tiempo como fiscal jefe y asesora legal del gobierno, una concentración de poder rara en otras democracias. Ese poder solo se puede tolerar si se ejerce con estricta neutralidad. La misericordia selectiva destruye la legitimidad que está llamada a proteger.
Baharav-Miara citó dos documentos: el Procedimiento Policial 300.01.227 (“Citación de un periodista para interrogatorio y realización de un registro”) y la Directiva 14.12 del Fiscal del Estado (“Aprobación para abrir una investigación y presentar una acusación en asuntos de especial sensibilidad”).
Ambos dicen lo mismo: antes de que la policía investigue el cuaderno de un periodista, se requiere aprobación de altos cargos. Sin embargo, esas garantías brillaron por su ausencia durante el escándalo del software espía Pegasus, y cuando los medios de derecha fueron llevados a juicio por difamación.
Tampoco se aplicaron en mi caso. Muchos periodistas le pidieron a la fiscal general ver una orden judicial o entender si ella autorizó el interrogatorio. No les respondió por días.
Solo ahora, para Glickman, esos protocolos se vuelven palabra sagrada. Y el caso Glickman ni siquiera es un enfrentamiento clásico entre el Cuarto Poder y el poder del Estado.
El empujón ocurrió a plena vista, la supuesta víctima es un ciudadano privado, y la disputa es tan mundana como cualquier otra. Si la proporcionalidad es el tema, que decida un juez de primera instancia, sin que la fiscal general actúe como una corte de equidad unipersonal.
Cómo llegamos hasta aquí
En mi propio caso -bautizado informalmente como “Qatargate”-, los investigadores me lanzaron acusaciones vagas de “contacto con un agente extranjero”. Cuando pregunté quién, mencionaron al lobista Jay Footlik.
Al recordarles que los lobistas no son espías, cambiaron a “alguien de Qatar”. Que yo sepa, ese país del Golfo no es enemigo de Israel. Nada de esto importó; la narrativa ya se había sembrado.
Fragmentos seleccionados de mi celular incautado fueron publicados por Ynet, seguidos de argumentos distribuidos a reporteros afines. No estoy adivinando; sé exactamente quién hizo esas llamadas.
Así que sí, discúlpenme si levanto una ceja cuando los mismos guardianes invocan el “enfriamiento periodístico” para salvar de una investigación rutinaria por agresión a un colega mejor conectado.
La confianza pública en el sistema judicial de Israel ya está en mínimos históricos. Cada vez que se doblan las reglas para figuras de alto perfil, la mayoría silenciosa concluye que el juego está amañado.
En un país tan polarizado como el nuestro, la aplicación desigual de la ley es nafta, no agua, sobre el fuego. En el exterior, aliados que defienden nuestro poder judicial en Washington y Bruselas quedan desorientados cuando los estándares legales parecen oscilar según el peso mediático.
La libertad de prensa no es un club privado. O todos los periodistas se benefician de las garantías del debido proceso, o ese escudo es un espejismo.
Al intervenir de manera selectiva, la fiscal general convirtió una política destinada a proteger el periodismo en un privilegio partidario, socavando la misma institución que dirige.
La justicia en Israel debe seguir siendo imparcial, incluso bajo los reflectores más intensos. De lo contrario, la próxima vez que un periodista escuche un golpe en la puerta a medianoche, el público no se preguntará: “¿Qué hizo?”, sino: “¿De qué lado está?”
No estoy completamente solo
Sin embargo, no estoy del todo solo. Haim Har-Zahav, el nuevo presidente electo de la Asociación de Periodistas, me escribió esta semana que mi arresto fue “una de las principales razones por las que decidí postularme”.
En sus palabras, la organización “simplemente no estuvo ahí para vos, un periodista israelí llevado por su trabajo, y falló en su deber de defenderte, pelear por vos y protegerte”. Añadió una promesa inequívoca: bajo su liderazgo, la asociación “nunca más será tan pasiva si cualquier periodista, de cualquier orientación política, es arrastrado a una situación similar”.
Har-Zahav cerró con una disculpa “desde lo más profundo de mi corazón” y una promesa: “los periodistas nunca deben ser arrestados por su labor informativa — punto.”
Su mensaje no borra tres meses de limbo legal ni el impacto sobre mi familia, pero sí demuestra que la hipocresía que describí está comenzando a generar cambios dentro de las instituciones que antes miraban para otro lado.
El ataque no terminó con comunicados. Tras una entrevista que di en la radio KAN, justo después de salir del arresto domiciliario, la asociación -que no había sido muy solidaria desde el principio- me criticó públicamente.
“En lugar de apoyo: la Asociación de Periodistas reprende a Zvika Klein”, tituló un artículo del medio Srugim News, que citaba a la asociación insistiendo en que “un periodista nunca debe revelar sus fuentes” y que los reporteros “no están para coordinar transferencias de dinero entre terceros”.
Cualquiera que observe esa nota podría pensar que confesé haber lavado dinero qatarí. El matiz, que revelé contactos solo tras un interrogatorio implacable y que nunca moví un solo shekel, quedó sepultado bajo un epígrafe acusándome de “exponer [mis] fuentes y participar en el asunto”.
Esa humillación pública, amplificada por 20 comentarios sarcásticos, dejó en claro hasta qué punto la asociación había adoptado la narrativa de la fiscalía. El organismo que debería haber preguntado por qué los detectives necesitaban dos celulares llenos de datos privilegiados eligió, en cambio, criticarme por “quemar” fuentes y advertir a otros periodistas que no sigan mis supuestos pasos.
No es de extrañar que tantos colegas ahora susurren que la fiscalía -y las instituciones que la rodean- está “librando su última batalla”, atacando a cualquiera que se interponga en su camino.
*Zvika Klein es el editor jefe de The Jerusalem Post y antiguo analista del mundo judío del periódico. Está considerado uno de los mejores periodistas del mundo especializado en asuntos de la diáspora judía.