Itongadol.- (Por Yedidia Stern* – The Times of Israel) Es incomprensible que el mismo país y las mismas fuerzas de seguridad que lograron vencer a un formidable Estado como Irán —rico en capacidades— hayan fracasado de forma tan estrepitosa ante una organización terrorista de baja capacidad como Hamás.
¿Cómo se puede reconciliar el 7 de octubre con el 13 de junio? El éxito contra Irán demuestra claramente la sofisticación, osadía y capacidad que poseemos para superar a nuestros enemigos. ¿Por qué esas cualidades no nos sirvieron en Simjat Torá de 5784 (el 7 de octubre de 2023 coincidió con la festividad judía del año hebreo 5784)? Este es un tema que requiere —es más, exige— una investigación profesional, profunda e imparcial. Solo así podremos evitar el próximo desastre.
El principal instrumento para esa tarea es una Comisión Estatal de Investigación. Más de tres cuartas partes de los israelíes apoyan la creación de un organismo así, pero más de un año y medio después del ataque, todavía no se constituyó.
La razón es evidente: según la ley israelí, el gobierno tiene la autoridad para establecer la comisión y definir su mandato, mientras que el presidente de la Corte Suprema designa a sus integrantes. Sin embargo, el gobierno teme que el presidente de la Corte utilice ese poder para conformar una comisión combativa, decidida a apuntar directamente a la dirigencia política.
Los intentos de compromiso fracasaron, y seguimos sin un análisis profesional de cómo llegamos a aquel día espantoso ni qué se necesita para corregir la situación. El Estado de Israel sigue peligrosamente expuesto a la posibilidad de otro fracaso monumental.
Creemos que la desconfianza entre los poderes del Estado puede superarse, y que se debe establecer de inmediato una Comisión Estatal de Investigación que examine directamente las fallas y proponga medidas correctivas. La solución radica en definir adecuadamente el rol de la comisión y el mandato que le otorgue el gobierno.
La mayoría de las comisiones estatales de investigación funcionaron como comisiones judiciales. Examinaron en profundidad el tema que tenían entre manos y buscaron identificar fallas y asignar responsabilidades. Al igual que en un proceso judicial, los funcionarios implicados comparecían ante ellas temiendo que su destino personal estuviera en juego. Por lo tanto, solían estar acompañados de abogados defensores muy activos que trataban de justificar sus acciones.
En consecuencia, el proceso no solo se volvía engorroso y prolongado —a veces durante muchos años—, sino que el propio testimonio, y con él la búsqueda de la verdad, se veían contaminados por intereses personales orientados a la autoprotección. Además, las conclusiones de las comisiones estatales de investigación no son vinculantes: el gobierno puede aceptarlas o ignorarlas. En el clima divisivo actual, donde las posturas políticas están determinadas por la identidad del grupo al que se pertenece, los hallazgos de la comisión —si, por ejemplo, señalan a la dirigencia política— no serían ampliamente aceptados como creíbles.
De hecho, a lo largo de los años, el impacto judicial de estas comisiones sobre los altos responsables disminuyó significativamente. Las conclusiones del informe sobre la tragedia de Merón (donde murieron 45 personas en una estampida durante una festividad religiosa en 2021) lo demuestran con claridad.
A pesar de esto, es posible establecer una Comisión Estatal de Investigación que no funcione como un órgano judicial, sino como un cuerpo correctivo. Tenemos experiencia con este modelo: participamos en la comisión estatal que investigó el manejo gubernamental de los evacuados de Gush Katif tras la retirada de Gaza en 2005 (la “Comisión Mazza”). Detectamos múltiples y complejas fallas estatales, pero elegimos, como política, no culpar a individuos en particular. Consideramos que era más beneficioso comprender rápidamente las fallas y recomendar respuestas sistémicas adecuadas.
El bienestar de los evacuados, del Estado y de la sociedad era más importante que castigar a quienes fallaron. De hecho, las recomendaciones de la Comisión Mazza se presentaron en el plazo de un año, se adoptaron y se implementaron de forma relativamente rápida y eficaz. Este modelo puede —y debe— aplicarse también en el contexto actual.
Debe establecerse una Comisión Estatal de Investigación con un mandato que no se centre en encontrar culpables —ni en el gobierno, ni en las fuerzas de seguridad, ni en ninguna otra institución—, sino en corregir la realidad; en investigar el pasado para cambiar el futuro. Una comisión correctiva investigaría procesos y sistemas, no personas. Esto aumenta enormemente las probabilidades de que el gobierno acceda a establecerla; de que los involucrados cooperen con franqueza; de que se pueda llegar a la verdad; de que el proceso sea relativamente ágil; de que sus conclusiones gocen de confianza pública; y lo más importante: de que sus recomendaciones sean implementadas y asumidas.
Habrá, por supuesto, objeciones a nuestra propuesta: Si alguien falló, ¿por qué no debería rendir cuentas? ¿No merecemos —y más aún las familias de las víctimas y otros afectados— ver que se haga justicia con los responsables? ¿Es posible una verdadera corrección sin identificar a los culpables? A todo esto respondemos: entre tener razón y ser sabio, a veces es mejor ser sabio.
Nuestro foco debe estar en prevenir fallas futuras. Una comisión judicial tiene pocas probabilidades de ser formada y, aún si lo fuera, haría poco por evitar la próxima catástrofe. Una comisión correctiva tiene muchas más posibilidades. Dejemos de lado la cuestión de la culpa: varios altos funcionarios de seguridad ya abandonaron sus cargos, y los políticos deberán enfrentarse al juicio de la opinión pública. Lo que necesitamos ahora es corrección y reconstrucción. Definan el mandato y establezcan la comisión ya.
*Yedidia Stern es presidente del Instituto de Política del Pueblo Judío (JPPI) y profesor emérito de Derecho en la Universidad Bar-Ilan.
Este artículo fue coescrito por el Dr. Haim Zicherman, investigador principal del Instituto de Políticas del Pueblo Judío y profesor de Derecho en el Ono Academic College