Itongadol/AJN.- Cuando al mediodía de hoy, jueves, Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa, sugirió que se leyeran los careos entre el destituido juez Juan José Galeano y su ex subsecretario y principal acusador, Claudio Lifschitz, en la instrucción de la causa, la sensación era que la cuarta audiencia del juicio oral y público por encubrimiento del atentado a la AMIA terminaría sin mayores novedades.
Y así fue: el tedioso trámite culminó cerca de la hora límite de las 17 y entonces, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado para la ocasión por Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, con Domingo Altieri como suplente, pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene.
Por la mañana, el tribunal oral había rechazado o diferido sus respuestas a las cuestiones preliminares planteadas por las partes en las dos sesiones anteriores.
Los jueces consideraron extemporáneos o improcedentes algunos de los cuestionamientos y prometieron considerar más adelante el pedido de algunos testigos, pero lo más significativo fue que informaron que libraron un oficio a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la cual aclaró que Menem no está obligado a guardar secreto alguno y puede declarar con absoluta libertad.
Acto seguido, el ex mandatario fue invitado a prestar indagatoria por videoconferencia, en virtud del alegado agravamiento de su estado de salud, pero éste respondió con un lacónico: “Me niego a declarar”.
Tras ello se leyó un breve escrito que presentara oportunamente cuando la causa era instruida por el juez Ariel Lijo, en el cual desmintió haber instigado el desvío de la investigación de la “pista siria”, cuyo cara visible es Alberto Jacinto Kanoore Edul.
A continuación, Galeano se sentó en el banquillo de los acusados y empezó a hablar, pero cuando Gorini le preguntó si sus dichos implicaban que se prestaba a declarar, éste lo negó por ahora.
Entonces se leyeron sus indagatorias, en las cuales deslindó toda responsabilidad en hechos ilícitos, insistió con que el pago de 400.000 dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al imputado Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, para que acusara a un grupo de policías bonaerenses había sido una “operación de compra de información” de la cual no quiso ser ajena, pero que éste había dicho la verdad.
El ex juez también justificó su investigación contra los ex policías bonaerenses acusados del atentado y rechazó haber recibido órdenes de Menem, su hermano Munir o el ex ministro Carlos Corach para dejar de investigar a Kanoore Edul.
En sus declaraciones anteriores fustigó especialmente al fallecido fiscal Alberto Nisman, a quien le achacó haber conocido la investigación que después cuestionó y actuar en virtud de “motivos políticos”; a su ex subsecretario Claudio Lifschitz, que lo denunció y a quien acusó de haber robado y vendido el video que lo mostraba negociando con Telleldín y de haber cobrado para mentir en el juicio anterior y escribir un libro; y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre ésta, Galeano recordó que había recomendado que él se hiciera cargo también del atentado a la Embajada de Israel, pero que después cambió de opiniones al adscribir a la teoría de que la bomba estaba en un volquete y creerle ciegamente a Lifschitz, sobre todo para acusar a “su enemigo político”: Menem.
“No nos sorprende” que no hayan declarado Menem y Galeano, aseguró la presidenta de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, a la Agencia Judía de Noticias (AJN) ni bien iniciado el descanso.