Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde los tribunales federales).- Poco más de siete horas duró la audiencia inaugural del esperado y muy demorado juicio oral y público por presunto encubrimiento de los autores o cómplices del atentado a la AMIA, perpetrado hace ya 21 años, el 18 de julio de 1994, con la ausencia del ex presidente Carlos Menem y con el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy internado y comunicado por videoconferencia.
En la misma resumieron sus requerimientos de elevación a juicio los fiscales Roberto Salum y Sabrina Namer y las querellas del Ministerio de Justicia y Memoria Activa, representadas por el subsecretario de Política Criminal y coordinador de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Luciano Hazan, y Elizabeth Gómez Alcorta, la primera, y por el letrado de los deudos, Rodrigo Borda.
Todos ellos se refirieron a las acusaciones contra los implicados, con mínimas diferencias en la atribución de sus responsabilidades penales, por el pago ilegal de 400.000 dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, Carlos Telleldín, para que acusara falsamente a un grupo de policías bonaerenses, y por la interrupción de la investigación contra Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el Presidente de entonces y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido los entonces juez Juan José Galeano y fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado, Anzorreguy y el entonces subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchézar.
En tanto, por el pago también están acusados el ex espía Patricio Finnen y el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja, además de Telleldín, su ex mujer Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, y por el otro, Menem y los ex comisarios inspectores de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, todos los cuales estuvieron presentes.
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Ayer, miércoles, al mediodía, la defensa de Anzorreguy presentó un oficio para informar de su internación a consecuencia de una intervención quirúrgica y se dispuso la conexión por videoconferencia con el sanatorio, donde el imputado está acompañado por sus letrados y un secretario del tribunal.
En cambio, esta medida le fue denegada a Menem, según explicó su abogado, Omar Daer, quien presentó un certificado que constataría un agravamiento de su cuadro de hipertensión, diabetes, esclerosis, artrosis y depresión.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado para la ocasión por Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, con Domingo Alteri como suplente, decidió continuar con el debate pese a su ausencia y le ordenó a las defensas de Menem y Boragni, que llegó retrasada, que tuvieran al tanto a los acusados, además de reclamarles puntualidad a los imputados y defensores.
Acto seguido, el abogado de Galeano reclamó la “lectura integral” de los requerimientos y no la versión abreviada dispuesta por el tribunal, y amenazó con pedir la nulidad del debate en caso contrario, pero su moción.
Tras la oposición de Memoria Activa y el Ministerio de Justicia, el tribunal determinó seguir con lo previsto y Gorini informó que concurre como observador el relator especial para la Argentina de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Pablo Vannuchi.
Antes de que el juicio pasara a cuarto intermedio hasta el próximo jueves, a las 9.30 hs., José Manuel Ubeira, querellante por los policías bonaerenses, consultó qué medidas tomará el tribunal respecto de Menem y Gorini reiteró que lo revisará el Cuerpo Médico Forense para verificar su estado de salud.
La semana que viene será el turno de que resuman sus requerimientos de elevación a juicio las querellas de Familiares y Amigos de las Víctimas, representada por la Asociación 18J; la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA); la AMIA y la DAIA; y los ex uniformados.
Más adelante comenzará la declaración de los 140 testigos, entre quienes se encuentran familiares de víctimas, los ex policías, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación de Galeano, el espía prófugo Antonio Stiuso y el ex secretario de Galeano Claudio Liftschitz, quien reveló el encubrimiento, pero no el papa Francisco, Jorge Bergoglio, propuesto como testigo “de concepto” (para hablar bien de ellos como personas) por Mullen y Barbaccia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.