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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, convocó hoy un encuentro por la evacuación de Givat Ulpana en el asentamiento de Beit El luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de evacuar el barrio sin demora.
El líder israelí está bajo una gran presión de ministros de ala derecha y Likud para avanzar en una legislación que sobrepase a la Corte Suprema y además evite el desalojo. Entre los funcionarios presentes en el encuentro están el ministro de defensa israelí, Ehud Barak, y los ministros Moshe Ya’alon, Shaul Mofaz y Uzi Landau.
Además, la Fuerza de Defensa de Israel y funcionarios judiciales también participarán en el encuentro, liderado por el fiscal general Yehuda Weinstein.
La sensibilidad que rodea el tema del barrio Ulpana surge principalmente del hecho de que muchas familias viven en edificios que han sido marcados para ser evacuados. “No me gusta la idea de pasar a la ley, pero en la situación que se ha creado aquí no hay opción”, dijo un alto miembro de Likud antes del encuentro.
“Necesitamos actuar de un modo en el que se provea una solución para la gente que sirve en la FDI y que han vivido ahí por muchos años. El Estado cometió un error cuando presentó su instancia ante la Corte Suprema, determinó el destino de esas personas”, agregó. El establecimiento legal está opuesto a la idea de ley que la pase por alto.
Hablando con la radio del medio israelí Ynet antes del encuentro, el vocero del barrio Ulpana dijo: “Pueden sobrepasar a la Corte Suprema y decir que en este fallo ésta pasó por encima del gobierno, pero esa no es necesariamente la solución”.
“En última instancia hay una nación aquí que necesita ser liderada y se debe aplicar la soberanía. El rol de primer ministro es asegurarse que la nación puede pararse en sus pies. Si una persona ya vive en una casa construida con buena voluntad, el gobierno, que fue un compañero suyo en la construcción, simplemente puede compensar al demandante con una porción de tierra diferente”, agregó.
La Corte Suprema negó el pedido del Estado de revisar el caso y posponer la evacuación, imponiendo una fecha límite del primero de julio para su demolición.
En su fallo, el magistrado Asher Grunis amonestó al Estado y dijo que “es en sus procedimientos vis a vis con la Corte Suprema donde se mide su compromiso de mantener los principios de la ley”.
Varios ministros de Likud son firmes con que se debe encontrar una solución para evitar el desalojo de las 30 familias del barrio, mientras que Kadima insiste con que el fallo de la Corte Suprema sobre el tema sea aplicada completamente.