La resolución de los jueces provocó escozor entre las partes. Los propios Mullen y Barbaccia dijeron a LA NACION que como hombres de la Justicia respetan la decisión del tribunal, aunque la consideraron arbitraria y extemporánea.
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Dijeron que la ley procesal establece que las recusaciones planteadas sobre hechos nuevos, es decir, aparecidos durante el proceso, como en este caso el pago a Telleldín, deben plantearse hasta 48 horas después de esa instancia. «Acá se ha pasado ese plazo holgadamente, pues en octubre del año último los agentes de la SIDE que declararon en el juicio revelaron cómo había sido el pago», dijo Barbaccia.
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Ante el argumento de que Barbaccia firmaba el acta de la indagatoria, el fiscal dijo que se retiró del lugar, pero los jueces señalaron que no quedó constancia de ello.
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Mullen consideró arbitrario el argumento respecto de que él debió haber conocido lo del pago, porque su adjunto lo sabía. Curiosamente, Mullen sigue como fiscal de la causa AMIA en el expediente que está en instrucción en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.
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Los fiscales dijeron que estudian qué recursos pueden presentar para cuestionar la decisión del tribunal.
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Además, indicaron que esta resolución es contradictoria con una decisión anterior del mismo tribunal, ante un planteo de recusación contra los fiscales, que había sido rechazado por extemporáneo. Alberto Nisman, fiscal durante el juicio, dijo que el Ministerio Público es uno solo y que se enteraron del pago apenas en octubre último.
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No obstante, Marta Nercellas, por la DAIA; Juan José Avila, por la AMIA, y Julio Federik, por los Familiares de las Víctimas, anunciaron que estudian recusar a los jueces, porque entienden que esta decisión puede significar un prejuzgamiento que afecte el dictado de condenas contra los acusados. Además, señalaron que están analizando retirarse del juicio.
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En caso de recusar al tribunal, los propios jueces deben decidir y, luego, esa medida puede ser recurrida ante la Cámara de Casación. El juicio oral puede seguir o no, pero no puede estar interrumpido por más de diez días hábiles, pues esto es causal de nulidad.
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En caso de que prospere la recusación, el juicio, iniciado en septiembre de 2002, podría quedar en la nada.
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Sergio Burstein, uno de los familiares de las 85 víctimas de la masacre, se quejó: «Es una barbaridad lo que han hecho estos jueces. Si siguen así van a terminar diciendo que no hubo bomba, que no hubo explosión, que no existió nada». Dijo que «el presidente Kirchner ha dicho que esta causa es una vergüenza nacional. Y esta resolución lo es».
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Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION
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12/09/2024