La extrema derecha defiende por tradición las posturas más conservadoras, pero en Israel se ha convertido en abanderada de la unión conyugal civil como alternativa al matrimonio religioso, único que rige en el Estado judío.
La agrupación estrella de los pasados comicios del 10 de febrero, la tercera más votada con 15 de los 120 escaños parlamentarios es la ultraderechista Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, quien pretende introducir una ‘agenda civil’ en Israel.
Durante la campaña y en previsión de su éxito en las urnas, los principales candidatos ya trataron de ganarse el favor de este partido, cuyo electorado es mayoritariamente originario de las antiguas repúblicas soviéticas.
Pero una vez despejadas las dudas y designado Benjamín Netanyahu, líder del Likud, para formar gobierno, la constitución de una coalición estable de derechas dependerá en gran medida de su capacidad para conciliar a posibles socios ultra-ortodoxos con Lieberman, que propone un tipo de unión marital civil y facilitar las conversiones al judaísmo.
‘Este problema tiene que ser resuelto, los ortodoxos resisten pero es cuestión de tiempo que cambie la ley’, refiere a Efe David Rotem, diputado del Israel Beitenu y promotor de la iniciativa sobre el matrimonio civil.
Aunque reconoce que su formación prefiere denominarla ‘contrato de pareja’, para no despertar las iras de los sectores ultra-religiosos, la esencia de la propuesta es permitir que tanto judíos como no judíos o parejas mixtas puedan casarse sin la presencia de un rabino.
La jefa del partido centrista Kadima, Tzipi Livni, que de momento se decanta por la oposición, coincide en buena medida con los ultraderechistas ya que apoya legalizar lo que considera, con todas las letras, ‘matrimonio civil’.
Estas dos iniciativas en realidad permitirán a unos 300.000 israelíes considerados por el estado ‘sin afiliación religiosa’ y que, por tanto, no pueden casarse por el Rabinato Ortodoxo -única instancia que permite contraer matrimonio en el país.
Esta situación afecta principalmente al más de un millón de judíos que emigró a Israel tras la desaparición de la Unión Soviética y sus países satélite.
Casi un tercio de estos emigrantes pudo establecerse porque el Estado les considera judíos al tener al menos un abuelo hebreo, aunque no así las normas de la ortodoxia judía, la ‘Halajá’, por lo que no pueden casarse en su país actual.
Esta legislación religiosa también afecta a los miembros de otras confesiones reconocidas en Israel -musulmanes, cristianos, drusos-, según un ‘statu quo’ vigente desde la creación del Estado Judío en 1948 que, para los más críticos, demuestra su carácter teocrático.
Muchos cónyuges se han visto obligados desde entonces a viajar a otros países como al cercano Chipre para casarse por lo civil, matrimonios que luego registra el Ministerio del Interior israelí.
Otras ceremonias religiosas judías no oficiadas por rabinos de la corriente ortodoxa también se quedan en agua de borrajas, al no ser reconocidos oficialmente.
La legislación que pretenden introducir tanto la ultraderecha, como el Kadima podría suponer el principio del final del monopolio religioso en la agenda civil israelí.
Los partidos religiosos en Israel generalmente se ubican en el bloque parlamentario de la derecha, pues rechazan la negociación sobre Jerusalén y muchos fomentan la proliferación de asentamientos.
Pero como parte de ese bloque, Lieberman se diferencia radicalmente de ellos en impulsar propuestas que rompan los privilegios religiosos, aunque por otro lado su programa trata de reforzar a toda costa la naturaleza judía del Estado.
Y para ello aboga por sus conocidas propuestas de tinte xenófobo, como hacer un ‘test de lealtad’ a los ciudadanos árabes del país, o la de expulsar a los árabes que no se sientan ‘conectados con el Estado Judío’.
Pese a que la izquierda ha sido generalmente la que ha defendido los derechos civiles, Israel Beitenu puede ser considerada una ‘rara avis’.
‘La derecha y la izquierda hoy no representan lo que eran antaño, nosotros somos un partido derechista, pero buscamos el apoyo de toda la ciudadanía’, concluye Rotem.