Itongadol/AJN.- Mañana, jueves, se cumplirán tres años del hallazgo sin vida del entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, cuyo dudoso deceso fue calificado como homicidio por la Justicia meses atrás.
Cuatro días antes había denunciado a las máximas autoridades del Gobierno de esa época de proteger a los imputados iraníes, lo cual dio lugar a una causa que, tras ser archivada por inexistencia de delito por el juez Daniel Rafecas, recién en 2017 tuvo actividad y su actual responsable, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Claudio Bonadio, ya dispuso su clausura parcial e invitó a las partes a requerir su elevación a la instancia oral, para lo cual dispuso la habilitación de la feria judicial de enero.
Ello responde a una orden de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, dado que hay cuatro personas detenidas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz: el ex secretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el polémico dirigente kirchnerista Luis D\’Elia, el ex líder de la organización extremista Quebracho Fernando Esteche y el presunto nexo extraoficial con ese país Jorge “Yussuf” Khalil, todos ellos procesados por encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por el hecho precedente y por ser funcionario público (el primero), y estorbo de un acto funcional a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con Irán.
En la misma situación deberían estar los ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, protegida por sus fueros de senadora, y canciller Héctor Timerman, excarcelado de su arresto domiciliario por razones extraordinarias y humanitarias a fin de ayudarlo a recuperar la visa que le retiraran los Estados Unidos y así posibilitarle continuar su tratamiento contra el cáncer.
La misma imputación, pero sin prisión preventiva, recae sobre los ex vicecanciller Eduardo Zuain, secretario general de la Presidencia y luego titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, procuradora general del Tesoro Angelina Abbona, y jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la “causa AMIA”, Juan Martín Mena, y el diputado Andrés Larroque.
Finalmente, siguen investigados con falta de mérito los ex vicecancilleres Alberto D’Alotto y Susana Ruiz Cerutti y secretarios privados de Timerman José Mercado y Luciano Tanto Clement.
La querella de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de Paola y Yanina, dos de las 85 víctimas del ataque terrorista, pidió una prórroga de seis días para requerir la elevación a juicio y trascendió que insistiría con la acusación de traición a la patria, reprochada por Bonadio y desestimada preliminarmente por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.
No así la DAIA, primera responsable del desarchivo de la causa, y habrá que ver qué hace el fiscal Eduardo Taiano, quien tendrá ese mismo plazo.
Paralelamente, ayer, martes, la defensa conjunta de Fernández de Kirchner y Timerman reclamó a la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal que habilite la feria judicial para tratar su apelación al procesamiento, sobre lo cual deberán expedirse en estos días Eduardo Riggi y Ángela Ledesma, quienes si no se ponen de acuerdo deberán convocar a otro juez.
El mismo camino podrían seguir los abogados de los acusados presos.