El ex presidente del liquidado Banco Mayo Rubén Beraja continuará en prisión luego de que la Cámara de Casación rechazara hoy su excarcelación en la causa en la que está acusado como jefe de una asociación ilícita que defraudó a ahorristas de esa entidad.
Por tal motivo, el ex titular de la DAIA aseguró esta tarde que recibió con «asombro e indignación» la decisión y advirtió que hay «factores externos» en la Justicia para que él siga arrestado.
Después de las excarcelaciones de Omar Chabán y de María Julia Alsogaray, estaba latente la posibilidad de una medida en igual sentido.
«Acá hay factores externos que están impidiendo la libertad de decisión, porque sino, no se entiende cómo no tomaron la resolución de excarcelarme», dijo Beraja a radio Del Plata, desde la celda donde lleva 17 meses preso.
Beraja no quiso precisar si esa presión es «política» o de la «opinión pública».
Debe ser «el temor de los acontecimientos que los llevan (a los jueces) a no tomar las resoluciones que corresponden», añadió.
Cuestión formal
La Sala IV de Casación rechazó otorgar el beneficio por una cuestión formal, al considerar que la Cámara Federal no fundó debidamente la denegatoria de la excarcelación, por lo que ordenó al tribunal que se expida nuevamente sobre la cuestión.
De esta manera, Beraja, quien fue detenido en diciembre de 2003, continuará alojado en dependencias de la División Unidad de Investigaciones Antiterrorista (DUIA), el mismo centro donde permaneció presa hasta hace pocos días la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray.
La resolución dictada por las camaristas Ana María Capolupo, Amelia Berraz de Vidal y Gustavo Hornos, éste último según un voto diferente, causó sorpresa en Tribunales ya que esa sala ha venido dictando fallos excarcelatorios basados en la ausencia de riesgo de fuga.
El tribunal de Casación sostuvo que la decisión por la que la Sala II de la Cámara Federal confirmó la denegatoria de la excarcelación de Beraja «no se encuentra debidamente fundada» y que el recurso estuvo «mal concedido».
Según el fallo, la Cámara Federal no explicó debidamente la relación entre la prisión ordenada contra Beraja y el peligro de fuga o entorpecimiento de la acción de la justicia, y tampoco respondió a los planteos de los defensores en ese sentido.
Por su parte, Hornos consideró que la aplicación de la doctrina excarcelatoria no es automática y sostuvo que la decisión de la Cámara Federal que mantiene a Beraja en prisión «no resulta arbitraria».
Además advirtió que el tiempo de detención que Beraja lleva en prisión -menor a dos años- «no se presenta como irrazonable» en relación a la «gravedad de los hechos» que se investigan y al «interés social».
Fundamentos del pedido
Semanas atrás, la Cámara escuchó los fundamentos de la defensora de Beraja, Marta Nercellas quien argumentó que el ex banquero y ex titular de la DAIA nunca intentó eludir la acción de la justicia.
La letrada recordó a los camaristas el fallo de esa misma sala, «Pietro Cajamarca» en el que se le otorgó la excarcelación a un acusado en prisión preventiva en peor situación que su defendido.
Nercellas recordó que cuando comenzó el proceso, Beraja se presentó puntualmente cada vez que fue requerido por el juzgado, y remarcó que cuando el juez Norberto Oyarbide ordenó su prisión «ya sabíamos que iba a quedar detenido un mes antes».
En ese sentido, la defensora dijo que Beraja se presentó a la justicia sabiendo que iba a quedar detenido, por lo que pidió a los camaristas que resuelvan «conforme a derecho» y que no se dejen guiar por el «humor popular» que la gente manifiesta a partir de la liberación de la ex funcionaria María Julia Alsogaray y del empresario Omar Chabán.
Por su parte, los querellantes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) representado por la abogada Adriana Siri y un centenar de ahorristas por el letrado Mateo Corvo Dolcet, se opusieron a la excarcelación de Beraja.
El procesamiento
Oyarbide fue quien dictó el procesamiento con prisión preventiva de Beraja, confirmado en julio de 2004, por la Sala II de la Cámara del fuero, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani.
En aquella oportunidad también fueron procesados por asociación ilícita una veintena de imputados, y en todos los casos la confirmación de los procesamientos incluyó embargos sobre bienes que llegaron hasta 50.000.000 de pesos en los casos de mayor responsabilidad penal.
Al grupo se le atribuyó, entre otras hechos, la captación de fondos mediante mesas de dinero relacionadas con el Banco Mayo, el manejo de 298.600.000 de dólares que el BCRA le entregó a la entidad en concepto de asistencia financiera y los «elevados» préstamos a particulares.
Entre otros cuestionamientos al manejo de la entidad figuran la realización de operaciones comerciales como la compra derechos de uso y goce de semanas de tiempo compartido y de acciones por montos multimillonarios, cuando el Banco Mayo se hallaba en una situación de iliquidez.
FTe TElam
La Nacion