Itongadol/AJN.- Luciano Tanto Clement, ex consejero y ministro de Segunda de la Cancillería argentina, y José Mercado, ex secretario privado de Héctor Timerman, dos hombres de su extrema confianza, declaran hoy, viernes, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadio, imputados de encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los iraníes imputados como autores ideológicos del atentado a la AMIA, impedimento o estorbo del acto funcional a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con el país persa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras la denuncia que efectuara el entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación de ese ataque terrorista, Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento, el 18 de enero de 2015.
Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, ambos participaron en diversas reuniones preparatorias del polémico acuerdo.
La denuncia de Nisman fue unificada con otra por presunta traición a la patria y ambas quedaron en manos del fiscal Eduardo Taiano, pero previamente su colega se había referido a un “plan criminal” que tenía como objetivo “brindar ayuda para dotar de impunidad” a los iraníes, “de manera tal que pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la Justicia argentina”.
A su juicio, “el accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino, puntualmente por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Relaciones Exteriores Timerman”, con la “colaboración activa de distintos funcionarios públicos”.
En las 255 fojas del pedido de citación, que ratificaron que el atentado fue un crimen de lesa humanidad, Pollicita reiteró la iniciativa de Nisman de diferenciar la actuación argentina respecto de Irán en el gobierno de Néstor Kirchner y el de su esposa con la adoptada después de que ésta enviudó.
Una primera revelación fue que casi un mes antes de que Irán propusiese colaborar con el esclarecimiento del atentado, ya que alega ser totalmente inocente, se había llevado a cabo una reunión en Teherán (21-22/6/11) entre representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Plant Protection Organization local sobre exportación de maíz y soja argentinos y el compromiso iraní de avanzar hacia la apertura del mercado a cebada, arroz, trigo, ciruelas desecadas, peras, manzanas, etc.
El fiscal tuvo por probado que las tratativas comenzaron con una reunión en Aleppo, Siria, el 24 de enero de 2011, de Timerman con el presidente Bashar al-Assad y el entonces canciller iraní, Ali Akbar Salehi, porque los tres coincidieron en esa ciudad, por reportes de prensa como la denuncia de José Eliaschev y por las declaraciones testimoniales de los entonces embajador y cónsul en ese país, Roberto Ahuad y Carlos Pezzoni, y pública del propio Salehi.
Pollicita sostuvo que las negociaciones se mantuvieron en secreto hasta septiembre del año siguiente, cuando Fernández de Kirchner las “blanqueó” en la ONU, aunque ocultó que la iniciativa había sido argentina.
El fiscal le adjudicó mucha importancia a que todas las gestiones fueron realizadas de un modo contrario al habitual y de espaldas a la Justicia -varias de ellas, sin dejar constancia alguna siquiera en la propia Cancillería-, e incluso hay testigos que lo confirmaron.
Pero quienes sí estaban al tanto eran el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex líder de la organización extremista Quebracho Fernando Esteche y el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elia, responsables de la “diplomacia paralela” que continuaba las negociaciones cuando no había encuentros formales.
Los dos primeros se adjudican la autoría intelectual del memorándum con Irán, o al menos un boceto muy similar que habrían presentado seis años antes y que ni siquiera fue considerado por Kirchner, y se ocupaban de tratar de reemplazar a los iraníes por “fachos locales” con la ayuda del ex juez Héctor Yrimia, quien conoce la causa porque colaboró en sus inicios, cuando era fiscal.
Otra de las irregularidades subrayadas tiene que ver con el rol que les cupo a los ex procuradora general del Tesoro Angelina Abbona y jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la “causa AMIA”, Juan Martín Mena, quienes por su cargo no tendrían que haber participado en reuniones con iraníes y cuya presencia fue adjudicada a la confianza que en ellos tenía Fernández de Kirchner.
Este dictamen de Pollicita es bastante más sólido que el original de Nisman, ya que aporta pruebas de reuniones que no se conocían y confirma con documentación de visitas, cruces telefónicos y conversaciones que surgían de escuchas, como que D’Elia estaba en la Casa Rosada cuando decía que allí se encontraba y recibía instrucciones de funcionarios que podrían haber sido el diputado Andrés Larroque (nexo entre políticos y “militantes”), el ex secretario general de la Presidencia y luego titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli y/o el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini.
El fiscal hizo reiterado hincapié en que la maniobra se dio a espaldas de la Justicia, la comunidad judía y, sobre todo, las víctimas y sus familiares, y que incluso hubo directamente mentiras a los mismos.
Respecto del pacto en sí mismo, el acusador recalcó que se pretendió el levantamiento de las “notificaciones rojas” de captura de Interpol y la instalación de una nueva hipótesis en el marco de una “Comisión de la Verdad” que no tenía plazo alguno.
Sobre el primer punto, reveló que más allá de las mentiras de Timerman, éste remitió una carta conjunta con su par iraní para informar a la Policía Internacional que el diferendo lo resolverían entre los Estados, una forma velada de consentir la caducidad de esas alertas, que Interpol no dictó, pero sí consignó la existencia de ese acuerdo y así figura hasta el día de hoy porque Irán se niega a su remoción porque alega que para ella está vigente, pese a su inconstitucionalidad en la Argentina, cuyo Congreso todavía no lo había ratificado.
El fiscal señaló que la intención habría sido la renovación del comercio interestatal e intercambiar petróleo por carne y granos, pero para eso necesitaban “solucionar” el tema “AMIA”, y resaltó que el prófugo Mohsen Rabbani, ex agregado cultural iraní, daba instrucciones sin mostrarse preocupado.
Del supuesto espía Ramón Allan Bogado enfatizó su “estrecha vinculación con la agrupación oficialista La Cámpora y el entorno presidencial” kirchnerista.
En tanto, a fines de noviembre de 2013, los cancilleres se reunieron nuevamente en Zúrich, Suiza, y allí Timerman le habría entregado una propuesta para avanzar en la implementación del memorándum, pero no existe en la Cancillería registro de ese documento ni de respuesta alguna.
Por lo pronto, éste abrió la ronda de indagatorias el martes, entregó un escrito de 153 páginas, con el cual defendió la legalidad del pacto con Irán, que habría tenido la intención de darle “una solución” a la causa y “fue respaldado” por el extinto funcionario, quien varias veces consideró “positiva” toda cooperación que tuviera como fin la declaración de los acusados, e hizo algunas manifestaciones, pero no respondió preguntas por cuestiones de salud y pidió una nueva citación con ese fin; luego se descompensó y debió ser internado.
El miércoles, Khalil se negó a declarar, pero defendido por el mediático abogado Fernando Burlando habría deslizado que “eventualmente” lo haría más adelante, aunque ante la prensa rechazó los cargos, si bien admitió ser representante de la comunidad islámica local.
En tanto, Bogado aportó dieciocho anexos de pruebas con pormenores sobre un pacto para triangular tecnología y asesoramiento nuclear argentinos con Irán a través de Venezuela, pese al bloqueo impuesto por las Naciones Unidas a los persas, que fueron reservados en el juzgado.
Con este objetivo se habrían creado sociedades comerciales fantasma en este país y Uruguay, que servirían para ocultar viajes, intercambio de experiencias y conocimiento, envío de piezas y planos, y posteriores pagos por estas prestaciones.
En esas maniobras estarían involucrados empresarios y ex funcionarios de la empresa de investigación tecnológica aplicada INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Según fuentes de su defensa, el espía aportó pruebas de esas sociedades y de cuentas bancarias en Uruguay, correos electrónicos y convenios que avalarían sus dichos.
Entre los ex funcionarios involucrados por Bogado figuraría el ex director de la CNEA Rubén Calabrese, quien “se jactaba de estar bajo la tutela de Francisco ‘Paco’ Larcher”, ex subsecretario de Inteligencia kirchnerista.
“Todos los involucrados, de una manera u otra, están vinculados; incluso, varios de ellos realizaron viajes en simultáneo a Venezuela fuera de los canales formales y diplomáticos”, filtró su defensa, que destacó que ese accionar habría comenzado luego de la muerte del ex Presidente.
Luego, Esteche rechazó haber encubierto a los imputados iraníes, negó conocer a la gran mayoría de sus consortes de causa y no respondió preguntas.
Ayer, durante dos horas, D’Elia aseguró que no solo que no había participado de las negociaciones, sino que -tal como surgiría de escuchas telefónicas- cuando se lo informaron admitió estar “en Babia”, ya que ignoraba que fuera a firmarse un pacto entre ambos países.
Antes hizo una extensa exposición sobre el marco histórico-político que habría influido en la investigación del atentado, culpó a las centrales de inteligencia de los Estados Unidos e Israel de plantar pruebas falsas, relató su relación con Irán y un viaje para participar en un seminario para América Latina con el padre Luis Farinello y el ex diputado Mario Cafiero, en el marco de la cual se entrevistaron con el entonces canciller persa, Manuchehr Mottaki, y brindaron una conferencia de prensa.
“No veo dónde están la traición a la patria y el encubrimiento”, cerró D’Elia sin responder preguntas.
Después compareció el ex vicecanciller Eduardo Zuain, antecesor de Alberto D’Alotto, quien se presentará el lunes, a las 9, dos horas antes que Zannini.
Al otro día, con el mismo cronograma, se presentarán Parrilli y su segundo en la Agencia Federal de Inteligencia, Mena, el miércoles 25 serán interrogados Abbona y Larroque, y en la jornada siguiente, desde las 10 hs., estará Fernández de Kirchner.
Ayer, jueves, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisibles sendos recursos de queja del segundo y de esta última tras el rechazo a sus recusaciones a Bonadio.