Itongadol/AJN.- Mañana, viernes, en coincidencia con el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas de la Shoá, se cumplirán cuatro años de la firma, en Addis Abeba, Etiopía, del inconstitucional Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán, que habría tenido el anunciado objetivo de impulsar la investigación del atentado a la AMIA, parcialmente paralizada ante la incomparecencia de los imputados de ese origen.
Ese tratado generó enormes polémicas en la Argentina y el mundo judío, pero especialmente entre los damnificados por el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertos y más de 150 heridos.
El domingo 27 de enero de 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en sus cuentas oficiales en Twitter y Facebook la firma del “histórico” acuerdo entre ambos cancilleres, Héctor Timerman y Alí Akbar Salehi (ambos en la foto, desde la derecha), que incluía la creación de una “Comisión de la Verdad” integrada por cinco juristas internacionales elegidos por ambos países, la cual revisaría toda la documentación de la causa e interrogaría, en Teherán, a los cinco imputados con pedido de captura de Interpol y no a todos los acusados.
A partir de entonces se suscitaron discusiones legislativas, posiciones encontradas entre los familiares de las víctimas, solicitudes judiciales y reclamos internacionales, que serán sucintamente recordados en este artículo.
El Gobierno defendió la negociación por ser fundamental para “permitir el avance de una causa estancada” y destacó que se lograría que los acusados sean indagados por primera vez.
Por su parte, las principales entidades judías del país -sobre todo, la AMIA y la DAIA- y el mundo rechazaron el acuerdo y entre los deudos hubo apoyos (18J y Memoria Activa) y críticas (APEMIA y otros familiares).
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó que el Memorándum fue recibido con “asombro” y provocó “una profunda decepción” y convocó al embajador Carlos Faustino García a dar explicaciones, mientras su par Dorit Shavit sostenía una durísima reunión con Timerman.
El 7 de febrero, la Presidenta anunció, por cadena nacional, el envío al Congreso, donde el oficialismo contaba con quórum propio, de un proyecto de ley que aprobara el Memorándum, tal como había anticipado en las Naciones Unidas en septiembre, oportunidad en la cual también prometió que consultaría a los deudos, lo cual no hizo.
Dos semanas después y tras diez horas de debate, que siguieron a largas jornadas de tratamiento en comisión, el acuerdo bilateral obtuvo la media sanción del Senado, con 39 votos a favor y 31 en contra.
El 27 de febrero, justo a un mes de la firma del polémico pacto, la Cámara de Diputados aprobó la ley 26.843, con 131 votos positivos y 113 negativos, mientras había numerosas manifestaciones de rechazo a la iniciativa afuera del Congreso.
Por su parte, Interpol manifestó “su ratificación del apoyo al Memorándum con Irán, así como la vigencia de las notificaciones rojas”.
El 4 de abril, la AMIA y la DAIA, en su condición de querellantes en la causa por el atentado, presentaron un recurso de amparo para que la Justicia declarase inconstitucional el acuerdo y anticiparon que recurrirían a las cortes Suprema de Justicia e Interamericana de Derechos Humanos si no se les hacía lugar.
La causa recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5, a cargo de María Alejandra Biotti, pero ésta se declaró incompetente y la delegó en el juez penal Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga el ataque terrorista y debió aceptarla tras una disputa resuelta por la Corte en octubre.
En septiembre, durante el debate del 68º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Fernández de Kirchner reclamó que Irán respondiera si “ha aprobado el acuerdo” y pidió “tener una fecha para la conformación de la comisión y para que un juez argentino pueda ir a Teherán”.
El Gobierno iraní aseguró que ya lo había ratificado, pero aún no estaba vigente porque ambos países debían cursar las respectivas “notas reversales”.
En tanto, el dudosamente fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado, Alberto Nisman, adhirió a la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum, pero Canicoba Corral rechazó por “improcedente” la iniciativa comunitaria porque no había entrado en vigor, lo cual fue apelado.
Ya en 2014, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1º de marzo, Fernández de Kirchner les ofreció a los legisladores de la oposición y a los familiares de víctimas que se oponían al Memorándum que elaborasen un proyecto alternativo, lo cual fue inmediatamente rechazado por la AMIA y la DAIA.
En esa línea, el 18 de marzo se realizó una audiencia pública para presentar proyectos de derogación de ese pacto, en la cual las instituciones judías insistieron con su inconstitucionalidad.
El 15 de mayo, la Sala I de la Cámara Federal les dio la razón y dos semanas más tarde, el que apeló fue el Gobierno, representado por el Ministerio de Justicia, a cargo de Julio Alak.
El 3 de noviembre, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Plee pidió confirmar ese fallo.
El 14 de enero de 2015, Nisman denunció a Fernández de Kirchner y Timerman, entre otros, por encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los presuntos autores ideológicos del atentado a la AMIA, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del Memorándum, y cuatro días después fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento, horas antes de presentarse ante el Congreso para aclarar los motivos de la misma.
Como parte de la conmoción general que ello generó, la comunidad judía decidió virtualmente romper los lazos con el Gobierno y el 27 de enero organizó un acto propio por el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el segundo aniversario de la firma del polémico tratado.
El 22 de junio y sorpresivamente, la Sala II de Casación postergó, sin dar explicaciones ni fijar una nueva fecha, la difusión del fallo sobre la constitucionalidad del pacto, cuando los representantes de la DAIA y la AMIA ya se encontraban en Tribunales y en medio de rumores que anticipaban esa movida y la adjudicaban a diferencias entre los camaristas que debían expedirse.
Tres días después se produjo el intempestivo apartamiento de uno de sus integrantes, el juez subrogante Luis María Cabral, ordenado por la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura ante la generalizada sensación de que él y Juan Carlos Gemignani votarían en contra del Memorándum, a diferencia de Ana María Figueroa, a quien se la vinculaba con el oficialismo.
Así, el 30 de junio, Gemignani, titular interino de la Sala II, dispuso detener el tratamiento del recurso de amparo y las medidas cautelares, postergar la audiencia para dar a conocer el veredicto y remitir el expediente a la Corte Suprema para que resuelva la situación de su colega, quien había presentado un recurso de amparo para que la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal lo repusiera en su cargo.
Una semana más tarde, la AMIA y la DAIA recusaron a los jueces Claudio Vázquez, designado sucesor de Cabral, y Figueroa por la presunta violación de “garantías constitucionales”.
En cambio, el 3 de noviembre dos camaristas subrogantes, Roberto Boico y Norberto Frontini, aceptaron la recusación del Gobierno a Gemignani y dos semanas después, Pleé presentó un recurso extraordinario ante la Corte para que anulase el apartamiento del camarista.
Ese estado de cosas llegó a su fin con el cambio de gobierno: el 14 de diciembre de 2015, a casi tres años de su firma y cuatro días después de asumir Mauricio Macri como Presidente, su flamante ministro de Justicia, Germán Garavano, desistió del recurso de casación y la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán quedó firme el 22, cuando la Sala II cumplió con ese trámite.
Paralelamente, la denuncia de Nisman sufrió varios reveses y recién el 29 de diciembre de 2016, tras casi dos años archivada y gracias a la presentación de la DAIA como querellante luego de la renovación en la Casa Rosada, fueron apartados los jueces actuantes -Daniel Rafecas y los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler- y se ordenó su investigación, la cual al día siguiente, el último antes de la feria judicial, recayó en el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Ariel Lijo, que decidirá si la acepta y empieza a actuar recién en febrero.