El Parlamento israelí se opuso hoy a la celebración de un referéndum nacional acerca de la retirada de la franja de Gaza, lo que supone un serio revés para los que se oponen al plan, ya que con la consulta hubiesen podido detenerlo o al menos retrasar su aplicación durante cerca de un año. La retirada de Gaza está prevista para mediados de año.
Asimismo, la aprobación de la consulta popular hubiera derrumbado al Gobierno del primer ministro, Ariel Sharon, pues su socio de coalición, el Partido Laborista, advirtió de que dejaría el Ejecutivo si se llevaba a cabo el referéndum.
El Partido Laborista, tradicionalmente de izquierdas y más proclive a hacer concesiones a la comunidad árabe, ha sido un sólido partidario del plan de retirada de Gaza y parte de Cisjordania.
Por otra parte, el Gobierno hebreo ha lanzado una oferta pública a la que concurrirán empresas civiles para la gestión de las barreras de alta tecnología situadas en la frontera con la franja de Gaza y de otras nueve barreras en Cisjordania. De esta forma, Israel pretende reducir la tensión entre soldados isrelíes y ciudadanos palestinos, explicó una fuente del Ministerio israelí de Defensa.
«Estamos retirando al Ejército de los puestos de control y pasos fronterizos, y estamos situando a civiles en su lugar» para «dignificar» el tránsito de los palestinos y las mercancías, indicó la fuente. El proyecto está diseñado para eliminar gran parte del contacto entre los palestinos e israelíes en los pasos, dijo.
Está previsto que el relevo de militares por servicios de seguridad civiles cueste unos 200 millones de sheqalim (unos 35,5 millones de euros), y el plazo para que las compañías presenten ofertas durará entre cuatro y seis semanas, añadió. Las ofertas fueron publicadas la semana pasada y la gestión de las fronteras por empresas civiles comenzará en Erez, el principal paso de palestinos de Gaza hacia Israel.