Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet anunciaron la autorización del uso de herramientas de monitoreo tecnológico para hacer cumplir órdenes de restricción de movimiento en Cisjordania, en una medida destinada a reforzar el control sobre personas sujetas a disposiciones administrativas.
La decisión fue formalizada mediante una orden firmada por el jefe del Comando Central, el mayor general Avi Bluth, y fue presentada como una alternativa a la detención administrativa, un mecanismo que permite retener a sospechosos de terrorismo sin cargos formales cuando la divulgación de pruebas podría afectar la seguridad nacional. El año pasado, el gobierno israelí resolvió dejar de aplicar esta figura a sospechosos judíos.
Aunque el comunicado conjunto no especifica de manera explícita a quiénes estará dirigido el monitoreo, la medida apunta principalmente a activistas extremistas de asentamientos, conocidos como hilltop youth, tras un aumento reciente de ataques contra palestinos y también contra efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel en la zona.
Según informaron los organismos de seguridad, la resolución responde a directivas del nivel político y fue el resultado de un trabajo coordinado entre las Fuerzas de Defensa de Israel, el Shin Bet, la Policía de Israel, el Ministerio de Justicia y el asesor legal para Cisjordania.
La orden habilita a las autoridades a exigir la instalación de “medidas de monitoreo tecnológico” a individuos que ya estén sujetos a órdenes administrativas que limitan su desplazamiento en Cisjordania, permitiendo así supervisar en tiempo real posibles incumplimientos. La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de control ante el repunte de la violencia atribuida a colonos extremistas.
La medida se produce luego de que, en noviembre, trascendiera que el jefe del Shin Bet, David Zini, recomendó autorizar el uso de dispositivos electrónicos de seguimiento para estos casos, al considerar que las órdenes de restricción vigentes resultaban poco efectivas para impedir el acceso de los sospechosos a zonas prohibidas.
Las autoridades subrayaron que la violación de las órdenes de restricción o la manipulación o destrucción de los dispositivos de monitoreo constituye un delito penal y puede derivar en procesos judiciales.
Por su parte, la organización Honenu, que suele brindar asistencia legal a jóvenes vinculados a asentamientos extremistas, anunció que apelará la orden, a la que calificó como una medida sin precedentes.