Irán ejecutó al menos a 29 personas el miércoles, incluido un grupo de 26 hombres en una sola prisión, según la organización Iran Human Rights, con sede en Noruega. Esta ejecución masiva se produjo apenas un día después de que Irán se enfrentara a una reacción internacional por ejecutar a un hombre relacionado con las protestas de 2022.
Iran Human Rights informó que 26 hombres fueron ahorcados en la prisión de Ghezelhesar, cerca de Teherán, mientras que otros tres fueron ejecutados en la prisión de la ciudad de Karaj. Entre los ejecutados había dos ciudadanos afganos condenados por delitos como asesinato, delitos relacionados con drogas y violación.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, y el Centro de Derechos Humanos en Irán corroboraron los informes, confirmando que al menos 24 personas fueron ejecutadas en Karaj.
Las organizaciones de derechos humanos critican con frecuencia a Irán por su alta tasa de ejecuciones, superada sólo por China. Argumentan que Irán utiliza la pena de muerte de forma generalizada para generar miedo, especialmente tras las protestas de 2022.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Derechos Humanos de Irán, advirtió: «Sin una respuesta inmediata de la comunidad internacional, cientos de personas podrían convertirse en víctimas de la maquinaria de exterminio de la República Islámica en los próximos meses». Señaló que no se había visto una ejecución a tan gran escala en Irán desde 2009.
Los defensores de los derechos humanos también denunciaron la ejecución en Irán de Gholamreza Rasaei, condenado por matar a un miembro de la Guardia Revolucionaria durante las protestas de 2022. Los activistas afirman que su confesión fue extraída bajo tortura. Rasaei, miembro de la minoría étnica kurda y seguidor de la fe Yarsan, fue ejecutado en secreto en Kermanshah, y su familia se vio obligada a enterrarlo en un lugar lejano, informó Amnistía Internacional.
Diana Eltahawy, de Amnistía, criticó la ejecución como «aborrecible y arbitraria» y la describió como parte de la estrategia de Irán de utilizar la pena de muerte para la represión política.
Francia y Estados Unidos condenaron la ejecución de Rasaei y pusieron de relieve su oposición a la pena de muerte. El IHR reveló que las afirmaciones de Rasaei sobre confesiones inducidas mediante tortura fueron ignoradas en el tribunal.
Desde que el presidente Masoud Pezeshkian asumió el cargo la semana pasada, Irán ha ejecutado al menos a 345 personas este año, según el IHR. Amiry-Moghaddam acusó a Irán de explotar la atención internacional sobre las tensiones con Israel para intensificar la represión interna.