Itongadol/Agencia AJN.- El Parlamento israelí aprobó en su primera lectura, por 39 votos a favor y 16 en contra, un controvertido proyecto de ley impulsado por la coalición que obliga a aplicar la pena de muerte a terroristas condenados por homicidios de israelíes, informaron fuentes legislativas. Otros dos proyectos afines, propuestos por MK Nissim Vaturi (Likud) y MK Oded Forer (Yisrael Beytenu), también superaron la primera votación por 36-15 y 37-14 respectivamente.
El proyecto principal, presentado por la diputada Limor Son Har-Melech (Otzma Yehudit), establece que los tribunales israelíes deberán imponer la pena capital a quienes cometan homicidios motivados nacionalmente contra ciudadanos de Israel y permite que jueces de tribunales militares en Cisjordania dicten la pena con mayoría simple —en lugar de unanimidad— además de anular la facultad de los comandantes regionales para conmutar esas sentencias.
Desarrollo y principales declaraciones
La iniciativa fue defendida por sus promotores como “un paso histórico hacia la justicia y el fortalecimiento de la disuasión contra el terrorismo”. Har-Melech afirmó tras la votación: “Hoy dimos un paso moral y nacional: los asesinos de judíos no deben esperar tratos misericordiosos en la cárcel”. El ministro de Seguridad Nacional y presidente de Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, celebró la aprobación y, en medio de la sesión, llegó a repartir baklavas —un gesto polémico que los alguaciles de la Knesset retiraron del hemiciclo—.
Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu) apoyó la medida y sostuvo que “un terrorista debe morir —en el campo de batalla o en un tribunal”. Por su parte, la bancada del partido Yesh Atid y el bloque Azul y Blanco en su mayoría boicotearon la votación y numerosos parlamentarios de la oposición no asistieron al plenario.
Críticas y dudas legales
La ley recibió críticas tanto por su contenido como por sus posibles sesgos: opositores y expertos advirtieron que la redacción, al apuntar a homicidios cometidos “por motivos de racismo” y “con la intención de dañar al Estado de Israel y la revivificación del pueblo judío en su tierra”, podría interpretarse como aplicable principalmente a perpetradores árabes y no a atacantes judíos, planteando problemas de igualdad ante la ley. Además, organizaciones de derechos humanos y juristas han cuestionado su compatibilidad con obligaciones internacionales y garantías procesales.
Dentro de la coalición hubo fracturas: la facción Degel HaTorah de United Torah Judaism anunció su oposición, y la mayoría de los legisladores de Shas no participaron en la votación nocturna. El proyecto deberá ahora pasar por comisiones parlamentarias para su preparación y afrontar dos lecturas finales en el plenario antes de convertirse en ley.
Analistas señalan que la iniciativa tiene un fuerte componente político y simbólico: responde a la demanda pública de castigos más severos tras los atentados recientes y busca ofrecer una respuesta contundente del Ejecutivo y la Knesset ante el terrorismo. Sin embargo, también podría profundizar divisiones internas y exponer al país a debates jurídicos prolongados sobre derechos humanos, procedimiento penal y la eficacia real de la pena capital como disuasivo.
La aprobación en primera lectura marca el inicio de un trámite legislativo que mantiene encendida la polémica. El resultado final dependerá de las negociaciones políticas, las enmiendas que salgan de comisión y las consideraciones legales que planteen tribunales y organismos de derechos humanos durante el proceso.