Itongadol.- (Por Barak Ravid – AXIOS) El Tribunal Supremo de Israel anuló este lunes por un estrecho margen -8 votos a favor y 7 en contra- una controvertida ley que forma parte de la reforma judicial de la coalición liderada por Netanyahu y limitó la capacidad del tribunal para revisar las decisiones del gobierno.
El dramático fallo podría sumir de nuevo a Israel en una crisis constitucional y política en medio de la guerra con Hamás en la Franja de Gaza y la preocupación por una posible guerra con Líbano.
Una reacción enérgica del primer ministro Netanyahu y de sus aliados políticos de la extrema derecha podría empujar al ex ministro de Defensa, Benny Gantz, a abandonar el gobierno de unidad de emergencia que se formó tras el atentado del 7 de octubre.
Si Gantz, que encabeza el partido opositor Unidad Nacional, abandonara el gabinete de guerra, dejaría a Israel con un gobierno de derecha radical para tomar decisiones sobre la guerra, lo que podría tener implicaciones para el apoyo estadounidense a la guerra en el enclave costero.
El Likud -el partido oficialista, liderado por Netanyahu- señaló en un comunicado que es «desafortunado» que el tribunal decidiera publicar un fallo que aborda un desacuerdo central en la sociedad israelí en medio de la guerra en Gaza.
«El fallo del tribunal se opone a la voluntad de unidad del pueblo, especialmente en tiempos de guerra», expresó el partido.
Gantz, por su parte, afirmó en un comunicado que todos deben acatar el fallo del tribunal.
«Hoy no hay vencedores ni vencidos. Tenemos un objetivo común: ganar la guerra. Después de la guerra tendremos que resolver la relación entre las distintas ramas del poder mediante el diálogo y un amplio consenso», afirmó el ex ministro de Defensa.
El líder de la oposición y ex primer ministro, Yair Lapid, celebró que el tribunal cumplió con su deber de proteger a los ciudadanos de Israel.
«Si el gobierno reanuda la lucha contra el Tribunal Supremo demostrará que no aprendió nada del 7 de octubre», aseguró Lapid.
La legislación que el tribunal anuló, que fue aprobada el pasado mes de julio, limita la supervisión por el Tribunal Supremo de las acciones y políticas del gobierno y pone fin a la capacidad del tribunal para anular decisiones y nombramientos del gobierno sobre la base de la «razonabilidad».
La ley fue el primer acto legislativo de la reforma judicial de Netanyahu, un plan que desestabilizó la economía, el ejército y las relaciones exteriores del Estado judío.
El tribunal dictaminó que la ley debía anularse porque daña gravemente y sin precedentes el carácter democrático de Israel.
Doce de los quince jueces del Tribunal Supremo argumentaron que el tribunal tiene autoridad para llevar a cabo una supervisión judicial de las leyes básicas e intervenir en casos extremos cuando la Knesset -el Parlamento israelí- se extralimita en su autoridad legislativa.