Itongadol.-El Tribunal Superior de Justicia atendió el jueves las peticiones contra una enmienda a las Leyes Básicas cuasi constitucionales de Israel que pretende impedir que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu sea declarado incapaz.
La legislación promulgada a principios de este año está diseñada para mantener a Netanyahu en el cargo a pesar de incumplir un acuerdo de conflicto de intereses, que implicaba su participación en el plan del gobierno para revisar el poder judicial.
Este compromiso levanta cejas, ya que podría favorecerle potencialmente en su actual juicio por corrupción. Los críticos sostienen que la ley, que exige que 90 miembros de la Knesset sancionen la recusación de un primer ministro, sugiere que podría dar lugar a escenarios absurdos. Por ejemplo, una situación en la que un primer ministro evidentemente necesite ser relevado de sus funciones por razones médicas, pero la Knesset carezca de autoridad para aprobar tal medida.
Netanyahu, el dirigente más antiguo de Israel, ha sido acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos de corrupción. Netanyahu niega haber cometido delito alguno y afirma que las acusaciones contra él constituyen una caza de brujas.
Los rivales políticos de Netanyahu han advertido de las posibles consecuencias de que el líder del Likud se niegue a acatar las sentencias del tribunal.
«Si el gobierno no respeta una sentencia judicial, Israel dejará de ser una democracia. La responsabilidad recae en el primer ministro», escribió el presidente de Unidad Nacional, Benny Gantz, en la plataforma de medios sociales X.
El líder de la oposición, Yair Lapid, tampoco se anduvo con rodeos. «Un ministro que declara que no aceptará una sentencia del Tribunal Supremo no puede seguir ejerciendo de ministro ni siquiera un minuto. Un gobierno que no obedece la ley y al tribunal es un gobierno ilegítimo», escribió en X.
La ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales, Orit Strock, expresó su preocupación a Ynet: «Si el Tribunal Supremo anula la Ley de Incapacitación, se estaría precipitando temerariamente a un abismo. Esto subrayaría nuestra responsabilidad de reformar el sistema judicial». Y añadió: «Si el Tribunal Supremo empieza a socavar la democracia en lugar de salvaguardarla, nos enfrentaríamos a un reto extremadamente difícil…».