Itongadol.- Se está librando una nueva batalla legal sobre la influencia financiera de Qatar en destacadas universidades estadounidenses, mientras las organizaciones de vigilancia buscan transparencia sobre los miles de millones de financiación extranjera que fluyen hacia las instituciones de enseñanza superior de Estados Unidos.
El Zachor Legal Institute, junto con Judicial Watch, presentó hace un par de semanas una demanda en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) contra el Departamento de Educación de EE.UU., solicitando registros relacionados con la financiación y las operaciones de Doha en cinco prestigiosas universidades estadounidenses: Georgetown, Northwestern, Cornell, Harvard y la Universidad de Michigan.
La acción legal se produce a raíz de la decisión de la Universidad A&M de Texas, de febrero de 2024, de cerrar su campus de Qatar, tras las revelaciones de una demanda anterior que descubrió casi 500 millones de dólares en financiación de la nación del Golfo que acoge a los dirigentes de Hamás a la universidad.
Según un informe de febrero de 2024, Qatar ha proporcionado o contratado aproximadamente 6.000 millones de dólares a universidades estadounidenses desde 2007.
Los críticos argumentan que esta importante implicación financiera ha otorgado a Qatar una influencia significativa tanto en el discurso político estadounidense como en las instituciones académicas.
En una declaración pública, Marc Greendorfer, presidente del Zachor Legal Institute, reiteró su frustración por la financiación poco transparente de Doha a las universidades estadounidenses. «Nos decepcionó la opacidad y la obstrucción de la administración anterior, que parece haber tenido una política de impedir que el pueblo estadounidense sepa lo que los actores extranjeros que apoyan el terrorismo han estado haciendo en nuestras escuelas», dijo Greendofrer, expresando su optimismo sobre la nueva acción legal.
Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, instó al Departamento de Educación de Trump a «exponer los detalles de esta operación de influencia extranjera lo antes posible», denunciando la falta de voluntad de la pasada administración para abordar lo que consideró son «fondos del gobierno qatarí manipulando universidades estadounidenses.»
Según el comunicado, la demanda fue motivada por la falta de respuesta del Departamento de Educación a una detallada solicitud FOIA presentada por el Zachor Legal Institute en marzo de 2024.
La solicitud pedía varios documentos, entre ellos consultas, informes y memorandos relativos a la participación de Qatar en varios programas universitarios, entre ellos el campus de Georgetown en Doha y su Centro de Estudios Árabes Contemporáneos en Washington.
El mayor escrutinio de la influencia académica de Qatar sigue una pauta más amplia de preocupación por las actividades internacionales del país. En marzo de 2024, surgió en Europa un gran escándalo de corrupción conocido como «Qatargate», que implicaba presuntos sobornos de 4,3 millones de dólares a funcionarios de la Unión Europea para influir en decisiones políticas favorables a Qatar.
La demanda actual se basa en anteriores esfuerzos legales exitosos, en los que las organizaciones pasaron más de cinco años luchando contra la Qatar Foundation, propiedad de Doha, en los tribunales de Texas para obtener información sobre la financiación de Texas A&M.
Su victoria llevó a la divulgación de más de 522 millones de dólares en financiación qatarí a la universidad entre enero de 2013 y mayo de 2018, de los cuales la Qatar Foundation aportó aproximadamente 485 millones de dólares.
Más preocupante aún, la victoria legal reveló contratos que sugerían que Texas A&M podría haber concedido a la Qatar Foundation acceso a propiedad intelectual sensible.
Tras descubrir que había estado proporcionando propiedad intelectual a Qatar, el consejo de la Universidad Texas A&M decidió entonces cerrar su campus de Doha en febrero.
Texas A&M y la Qatar Foundation, organismo controlado por el régimen que mantiene las relaciones entre Qatar y las universidades extranjeras, firmaron los acuerdos.
Estos contratos permitían a Qatar obtener el control de la investigación y los descubrimientos, incluidos los relacionados con la investigación nuclear, realizados en el campus de Doha de Texas A&M utilizando los recursos de renombre mundial de la universidad.
Los críticos sostienen que la participación financiera de Qatar en las universidades estadounidenses ha servido para generalizar la propaganda antiisraelí y silenciar las críticas sobre los antiguos vínculos de Doha con Hamás y otros grupos terroristas, con la esperanza de que la nueva administración estadounidense presione para denunciar la intervención extranjera en las universidades, especialmente tras la tendencia favorable a Hamás en los campus a raíz de la masacre del 7 de octubre.
El Instituto Jurídico Zachor, centrado en la lucha contra el antisemitismo, se ha mostrado especialmente activo en la concienciación sobre las operaciones de influencia mundial de Qatar.
El actual desafío legal, que busca la transparencia de cinco instituciones estadounidenses, representa el último capítulo de los esfuerzos en curso para comprender y evaluar el impacto de la financiación extranjera en la educación superior estadounidense.
La implicación de Doha en el sector educativo de Estados Unidos no se limita a las universidades: los informes han demostrado que Qatar Foundation International financia y promueve cursos para escuelas K-12 en varios distritos escolares de California y de todo Estados Unidos con cientos de millones de dólares, muchos de los cuales giran en torno a narrativas antiisraelíes que borran la presencia judía en la Tierra de Israel y sus vínculos con ella.
Al tiempo que ejerce su influencia sobre los escolares estadounidenses y promueve posturas antiisraelíes, Qatar también fue denunciado el año pasado por el Departamento de Estado estadounidense por propagar el antisemitismo y la violencia en su propio sistema escolar.
También sobre la cuestión de la influencia qatarí en EE.UU., el Zachor Legal Institute ha publicado un informe sobre AJ+, filial del canal qatarí Al-Jazeera, que ha estado haciendo caso omiso de una petición de registro en virtud de la Ley de Agentes Extranjeros (FARA) enviada por el Departamento de Justicia de EE.UU. hace varios años.
Según Judicial Watch, el Departamento de Educación aún no ha respondido públicamente a la demanda, y los representantes de las cinco universidades citadas en la solicitud FOIA no han emitido declaraciones formales sobre la acción legal.