Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración investigará a la red de fundaciones del empresario George Soros, una de las principales financiadoras de organizaciones civiles progresistas en todo el mundo. La decisión forma parte de una serie de medidas del gobierno orientadas a examinar el rol de ciertos grupos sin fines de lucro en el financiamiento de causas políticas y sociales.
La red Open Society Foundations (OSF), fundada por Soros y actualmente dirigida por su hijo Alex, destina fondos a miles de organizaciones vinculadas con temas como democracia, derechos civiles, justicia climática, educación superior y derechos de las minorías, entre ellos los grupos de defensa de los derechos palestinos.
Según informó The New York Times, el Departamento de Justicia instruyó a los fiscales federales para que elaboren planes de investigación sobre OSF, en el marco de una ofensiva más amplia contra grupos a los que el gobierno acusa de promover violencia política. En un memorando presidencial, Trump afirmó que el objetivo es “investigar y desmantelar redes, entidades y organizaciones que fomentan la violencia política”, señalando a Soros como “la figura central de todo esto”.
Un portavoz de Open Society Foundations respondió que la organización “siempre ha cumplido con rigurosos estándares legales y operado dentro de los límites de la ley”, y agregó que “no renunciará a sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, asociación y debido proceso”.
En un comunicado, la fundación rechazó los señalamientos y aseguró que “condena de forma inequívoca el terrorismo y no financia actividades relacionadas con él”. Además, sostuvo que “estas acusaciones son ataques políticos dirigidos contra la sociedad civil, destinados a silenciar voces disidentes y socavar el derecho a la libre expresión”.
El debate sobre el papel de las organizaciones sin fines de lucro se amplió en el Congreso, donde algunos legisladores republicanos impulsan iniciativas para revisar su estatus legal. Entre ellas figura el proyecto presentado por el senador Ted Cruz, denominado Stop Funders Act, que permitiría al Departamento de Justicia procesar a entidades acusadas de apoyar disturbios o actos violentos.
En el contexto de esta ofensiva, un informe del Capital Research Center, una organización conservadora que analiza el financiamiento de grupos liberales, acusó a Open Society Foundations de haber destinado más de 80 millones de dólares a organizaciones calificadas como “pro-terroristas”. El documento menciona a entidades como Jewish Voice for Peace, US Campaign for Palestinian Rights y el Center for Constitutional Rights, entre otras.
La fundación de Soros calificó ese reporte como “fundamentalmente defectuoso”, argumentando que “se basa en datos incompletos y en asociaciones infundadas que confunden el discurso político protegido con actividades delictivas”. También señaló que los autores “modificaron el título del informe, reconociendo implícitamente que su acusación original era falsa”.
Stefanie Fox, directora ejecutiva de Jewish Voice for Peace, afirmó que el informe es “paranoico e infundado” y que “la obsesión con Soros alimenta teorías conspirativas antisemitas que presentan a un grupo de judíos poderosos como responsables de los males de la sociedad”.
Otros analistas subrayan que, más allá de las acusaciones, el foco sobre OSF refleja una presión creciente sobre organizaciones que trabajan por derechos humanos y democracia. Rebecca Vilkomerson, exdirectora de Jewish Voice for Peace, señaló que “el movimiento por los derechos palestinos siempre ha sido difícil de financiar en Estados Unidos por el estigma que lo rodea y el temor de los donantes”.
Leena Barakat, presidenta de Women Donors Network, sostuvo que los ataques a la financiación de grupos de solidaridad con Palestina forman parte de una tendencia más amplia. “El movimiento palestino es una especie de termómetro. Lo que se prueba en ese ámbito son estrategias que luego impactan en todos los demás movimientos”, afirmó.
Mientras el gobierno estadounidense continúa delineando los alcances de la investigación, las organizaciones involucradas sostienen que seguirán con sus actividades, defendiendo que su labor se enmarca en la promoción pacífica de los derechos humanos y la participación democrática.