Itongadol.- Al observar la preocupante crisis política en Israel, provocada por la reforma judicial impulsada por la coalición de gobierno, no puedo evitar sentir que es una crisis que se podría haber evitado. Pero el curso de acción elegido por el gobierno realmente fracturó la sociedad israelí y generó un gran daño colateral para Israel, tanto en el país como en el extranjero.
Una reforma de este nivel de importancia, que cambiaría fundamentalmente el equilibrio entre los tres poderes del Estado, y que en última instancia afectaría la vida de todos los israelíes, merecía (y requería) un amplio debate nacional, y un intento serio de fomentar un mayor consenso.
En una verdadera democracia liberal como Israel, el gobierno de la mayoría no es lo único que debe protegerse. También deben garantizarse otros principios básicos como la división de poderes, la independencia del poder judicial, un sistema adecuado de frenos y contrapesos entre los diferentes poderes del Estado, el respeto a las minorías, y la noción de que nadie está por encima de la ley. Por lo tanto, cualquier intento de modificar estos principios básicos requiere un examen cuidadoso y un diálogo constructivo entre los diferentes actores de la sociedad.
Desde un punto de vista estrictamente legal, algunas de las reformas propuestas no son descabelladas. Los cambios sugeridos a la forma en que se seleccionan los jueces actualmente, por ejemplo, solo acercarían a Israel al sistema que prevalece en muchas democracias bien establecidas, incluida la de Estados Unidos. De hecho, aumentar la representación de la Knesset (el parlamento israelí) en el comité que selecciona a los jueces (que actualmente está controlado por los propios jueces), podría ser una forma de garantizar una mayor diversidad ideológica entre los jueces.
Asimismo, la propuesta de limitar la facultad de la Corte de bloquear actos de gobierno en base a un criterio de «razonabilidad» que es demasiado amplio, no es una idea descabellada. De hecho, muchos expertos (de distintas orientaciones políticas) han sostenido durante años que, desde la década de los 90, la Corte ha ampliado enormemente su competencia al respecto, afectando gravemente la gobernabilidad.
Adriana Camisar, autora del artículo.
Una propuesta más problemática es la que busca otorgar a la Knesset el poder de suspender temporalmente (o incluso revocar) ciertas decisiones tomadas por la Corte. Pero, en todo caso, todos estos temas deberían haber formado parte de un debate amplio, en el que los distintos actores de la sociedad se sintieran representados.
La forma agresiva en que la coalición gobernante trató de aprobar la legislación propuesta, en medio de un creciente descontento público es, en mi opinión, más grave que el contenido de la propuesta misma. Y la reacción de tantos israelíes, manifestándose enérgicamente en las calles, muestra sin duda la gran fortaleza de la democracia israelí.
La reciente decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de posponer el tratamiento de esta reforma es un acontecimiento positivo, como destacó el presidente Herzog. Desafortunadamente, esta decisión se tomó solo después de que se materialice un enorme daño a la sociedad israelí, y a la reputación internacional de Israel.
Esperemos que, a medida que se acercan las celebraciones por el 75 aniversario de la fundación del Estado, estas heridas puedan sanar y el espíritu de unidad, por encima de todas las diferencias, pueda volver a prevalecer entre los ciudadanos de esta gran nación.
*: La autora del artículo es asesora de B’nai B’rith Internacional para Asuntos Latinoamericanos y de las Naciones Unidas. Directora Adjunta del Instituto Judio Americano de Relaciones Internacionales (AJIRI).