Por Adriana Camisar*
Muchos lectores seguramente están familiarizados con el sesgo anti-israelí que existe en las Naciones Unidas. Pero no muchos conocen en profundidad cuales son las resoluciones de esta organización que causan el mayor daño, no solo a Israel, sino a las posibilidades de paz en la región.
Todos los años, la Asamblea General (que es el órgano deliberativo de la ONU) aprueba un numero obsceno de resoluciones anti-Israelíes. Pero la mayoría de estas resoluciones son meramente “declarativas”, lo que significa que no tienen mayores consecuencias prácticas.
Adriana Camisar
Pero hay tres resoluciones que si tienen importantes consecuencias. Estas son las resoluciones que, cada año, reautorizan el financiamiento de las siguientes entidades:
1-El Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino
2-La División de los Derechos de los Palestinos
3-El Comité Especial Encargado de Investigar las Practicas Israelíes que Afectan los Derechos Humanos del Pueblo Palestino
Estas tres entidades, que funcionan dentro de la Secretaria de la ONU en Nueva York, y que requieren millones de dólares anuales para su funcionamiento, no tienen paralelo dentro del sistema de las Naciones Unidas. No hay ningún otro pueblo que tenga su propia División dentro de la Secretaría, y no existen comités similares en contra de otros países del mundo. Se trata realmente de un aparato de propaganda anti-Israelí que no debería tener lugar en las Naciones Unidas.
Pero lo más grave es que estas entidades promueven el llamado “derecho de retorno” de los más de 5 millones de personas de ascendencia palestina que la ONU erróneamente considera “refugiados” a lo que es hoy el Estado de Israel.
Digo “erróneamente” porque la ONU considera refugiados no solo a los árabes que huyeron o fueron expulsados como consecuencia de la guerra de independencia de Israel del año 1948, sino a sus descendientes, sin limite temporal alguno. Los Palestinos son el único pueblo del mundo cuya calidad de “refugiado” pasa de generación en generación, por la línea paterna, indefinidamente en el tiempo. Es así como se llega al número de más de 5 millones de personas, algo que no tiene precedentes en el derecho internacional.
La implementación del derecho de retorno implicaría la migración masiva de más de 5 millones de personas de ascendencia palestina a Israel, lo que en la práctica acabaría con la existencia de Israel como Estado judío.
Al abogar por el derecho de retorno, lo que están haciendo estas entidades (y los países que aprueban su financiamiento) es promover la destrucción de Israel por la vía migratoria, y la creación de un Estado árabe más (“desde el rio hasta el mar” como suelen decir los líderes palestinos). Y como esto es algo que ningún gobierno Israelí aceptaría jamás, la insistencia en el derecho de retorno es el mayor obstáculo para llegar a un acuerdo de paz.
Es por esto que es necesario que los Estados tomen conciencia de las consecuencias de sus votos. Votar por estas entidades es votar a favor de la destrucción de Israel y en contra de una paz real y duradera. Es también votar en contra de una solución de dos Estados, para dos pueblos.
Desde el Instituto Americano Judío de Relaciones Internacionales (AJIRI por sus siglas en inglés: https://ajiri.us), una organización afiliada a B’nai B’rith Internacional, trabajamos precisamente para lograr que los Estados miembros de la ONU dejen de apoyar posturas extremas y contraproducentes para la paz.
Mientras los líderes palestinos sigan pensando que la ONU va a ayudarlos a destruir a Israel por la vía migratoria, no tendrán ningún incentivo para sentarse a negociar. Y la paz será cada vez más difícil de alcanzar.
* La autora del artículo es asesora de B’nai B’rith Internacional para Asuntos Latinoamericanos y de las Naciones Unidas. Directora Adjunta del Instituto Judío Americano de Relaciones Internacionales (AJIRI).