Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Mañana, jueves, desde las 10.30 hs., declararán en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA, que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, otros tres testigos relacionados con Alberto Jacinto Kanoore Edul, vinculado con el entonces presidente Carlos Menem y clave en la llamada “pista siria”.
Se trata de su ex empleado y chofer Norberto Godoy, un amigo de la familia, Carlos Gardiner, y Abdala Nasra, testigo de los allanamientos.
El 31 de julio de 1994, el destituido juez Juan José Galeano ordenó ingresar a tres domicilios en la calle Constitución para arrestar al sospechoso y otras personas involucradas y secuestrar documentación,
agendas, explosivos u otros elementos que pudiesen ser de interés para la investigación.
El responsable de los procedimientos era el ex comisario de la Policía Federal Jorge Palacios, entonces jefe de la División Operaciones Federales, pero las órdenes fueron dirigidas al Departamento Protección del Orden Constitucional (POC), a cargo de su par Carlos Castañeda, los tres imputados en la causa en debate.
El mandato judicial autorizaba los allanamientos a partir de la medianoche, pero el registro de Constitución 2695 recién se efectuó a las 17.20 hs., solo por parte del entonces oficial ayudante Claudio
Camarero -según el acta- y con la presencia de los testigos Nasra y Daniel Francica; allí se arrestó a Kanoore Edul y se secuestraron dos agendas, un anotador, diez casetes de audio, etc.
Pese a que la lógica y la práctica policial indican que los procedimientos debían ser simultáneos, para evitar evasiones u ocultamientos de pruebas, el de Constitución 2745 fue llevado a cabo a las 19.30 hs. y solo por el entonces principal Carlos Salomone -según las constancias-, pero con los mismos testigos; tras una “minuciosa requisa del inmueble” nada se incautó.
Finalmente y en forma inexplicable, no se ingresó a Constitución 2633,“por tratarse del domicilio y comercio del padre” y “debido al resultado obtenido en las restantes” incursiones, según quedó asentado
en el expediente.
También están imputados en la supuesta protección a Kanoore Edul el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, y su segundo, Juan Carlos Anchézar, debido a la desaparición de comprometedores casetes de escuchas telefónicas.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento y espera ser juzgado por violación de secretos de Estado, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la
Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: la mencionada interrupción de la investigación contra Kanoore Edul, el pago ilegal de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado a Telleldín para que acusara -se presume que falsamente- a los policías bonaerenses y otros delitos que habrían
cometido Galeano y los ex fiscales Mullen y José Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y Anzorreguy, mientras que solo por el segundo también se acusa a estos últimos, el ex espía Patricio Finnen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, y
a Telleldín y sus entonces concubina, Ana María Boragni, y abogado, Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
En cambio, por haber fallecido no es juzgado el ex espía Alejandro Brousson.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Alberto Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de
Justicia.
La causa había recaído originalmente en el TOF 3, que realizó el juicio anterior, así que volvió a sortearse y le tocó al TOF 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron por años el inicio del debate.