La Corte Suprema de Israel ordenó este lunes el desalojo y la demolición del barrio Ulpana en el asentamiento cisjordano de Beit El.
De esta manera, el máximo Tribunal rechazó una presentación del Estado para posponer la medida por tres meses. Además ordenó al Estado que se haga cargo de los gastos legales de los peticionarios palestinos, al tiempo que lo condenó a pagar una indemnización de 15.000 nuevos shekels (unos 4.000 dólares) en concepto de daños y perjuicios.
Ulpana fue centro de una tormenta política, dado que el barrio fue construido en tierra palestina impugnada y una petición de desalojo de los residentes fue presentada por primera vez en 2008.
El Tribunal Supremo finalmente dictaminó que el área debe ser evacuada el 1 de mayo -una decisión que se había acordado con el gobierno acordó-, pero ante el alboroto de la derecha cuando se acercaba la fecha, algunos ministros advirtieron que la medida podría derivar en un caída del gobierno.
La decisión de la fiscalía de reabrir el caso y revisar la decisión judicial también es duramente criticada por el tribunal:
"(El Estado) debe, básicamente, tratar de cambiar su política después de la sentencia. Esto es inaudito", dijo el juez Uzi Vogelman.
"Cuando el Estado dice que tiene la intención de hacer algo y el primer ministro se compromete a ello, no consideramos un escenario en el que no se hace. Hay respeto mutuo entre las autoridades", agregó el magistrado.
La decisión del máximo tribunal provocó duras críticas desde la derecha, y algunos sugirieron que ante el llamado a elecciones, el gobierno no tiene más remedio que tratar de vetar la decisión del tribunal.
"Es muy poco probable que el Likud lleve a cabo una demolición en el centro de una campaña electoral", dijo una fuente del partido oficial al portal de noticias Ynet. "El partido no tendrá más remedio que promover una legislación” para eludir la resolución judicial.
El viceprimer ministro Silvan Shalom, advirtió que "no se puede disolver la Knesset (Parlamento israelí), sin resolver este problema. El Likud, que lleva el estandarte de los asentamientos no puede permitirse el lujo de dejar un legado de las casas arrasadas y los colonos desalojados".
Un ministro que es miembro de los "Ocho" -foro de seguridad especial del primer ministro- no estuvo de acuerdo: "No tenemos otra opción que hacer cumplir el fallo no puede ser ignorada", indicó.
Otros ministros también instaron a la sanción de una legislación que anule el fallo.
Los residentes de Ulpana se sorprendieron al enterarse de la decisión: "Nos sentimos totalmente agraviados. Este barrio fue construido por el gobierno y es su deber garantizar que se mantenga en pie", dijo Didi Dickstein, de Beit El.
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