El portavoz de la ONU, Martin Nesirky, explicó que el escrito que se hizo llegar el martes a la Asamblea General contiene la documentación que el Gobierno israelí y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a su vez remitieron al secretario general.
Tras recibir informes parciales de las dos partes el pasado enero, la Asamblea General concedió cinco meses más para que se concluyeran las respectivas indagaciones sobre el conflicto de diciembre de 2008 y enero de 2009 en Gaza.
Esta resolución respondía a las denuncias de la comisión de la ONU presidida por el juez sudafricano Richard Goldstone, que analizó los 23 días de ofensiva israelí contra el movimiento islámico Hamás.
Unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, y tres civiles israelíes perdieron la vida durante el conflicto, según recuentos hospitalarios locales y de ONGs israelíes, palestinas e internacionales.
En la documentación entregada el martes a la Asamblea General, el Gobierno israelí asegura haber logrado "un avance significativo" en sus indagaciones respecto al primer informe remitido el pasado enero al secretario general sobre esta misma materia.
Asimismo, ofrece una explicación pormenorizada de las acciones llevadas a cabo para esclarecer varios de los incidentes en que se acusa al Ejército israelí de haber violado el derecho internacional, como el ataque a un almacén de la ONU o el uso de civiles palestinos como escudos humanos.
Con base en estas indagaciones, se han abierto 11 investigaciones criminales adicionales a las 36 que ya se habían iniciado en enero, de las que por el momento han surgido procesos criminales contra cuatro militares, precisa.
Al mismo tiempo, se han adoptado medidas disciplinarias y sanciones contra cuatro oficiales, afirma la documentación, que también destaca la implementación de modificaciones en el reglamento militar para reforzar la protección de civiles en situaciones de guerra urbana, según el documento israelí.
Los autores del informe resaltan que el combate en zonas pobladas y "la cínica elección de Hamás de desplegarse en áreas urbanas civiles y emplear inmuebles civiles como escudos contribuye a los retos que afrontan las fuerzas terrestres y aéreas israelíes".
"Las investigaciones de Israel siguen en marcha e Israel mantiene el compromiso de investigar todas las alegaciones de violaciones de las leyes de los conflictos armados", agrega.
Por su parte, la ANP entregó a la ONU el informe elaborado por la Comisión Palestina Independiente (PIC) nombrada el pasado enero por el presidente palestino, Mahmud Abás.
En la documentación, los miembros de la Comisión lamentan que Hamás les impidiera el acceso a la franja de Gaza para comprobar las acusaciones contra los milicianos palestinos de que dispararon deliberadamente cohetes contra los civiles de las poblaciones israelíes aledañas.
De todas maneras, afirma la PIC, "si los grupos armados de resistencia reconocieran que dispararon contra blancos civiles israelíes, esta práctica sin duda representa una violación del derecho humanitario internacional".
Al mismo tiempo, señala que el conflicto con una potencia militar como Israel es forzosamente "asimétrico", y por tanto lo rudimentario de las armas de los milicianos palestinos hace que "no puedan controlar dónde cae el proyectil".
El informe palestino también resalta que "no hay una equivalencia moral" entre las presuntas violaciones israelíes y las supuestamente cometidas por "los grupos de resistencia", que se considera forman parte de la lucha legítima contra la ocupación de una potencia extranjera.