Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamin Netanyahu cargó con dureza contra la fiscal militar en jefe, la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, tras su admisión de haber autorizado la difusión de material sensible que, según se afirma, muestra a soldados maltratando a un detenido palestino en el centro de detención de Sde Teiman. Netanyahu calificó la filtración de imágenes que muestran el aparente abuso de un prisionero palestino en Sde Teiman “causó un enorme daño a la reputación de Israel, de las FDI y de nuestros soldados”.
«Quizás se trate del ataque a la imagen pública más grave que Israel haya sufrido desde su fundación; no recuerdo ninguno tan concentrado e intenso», continúa. «Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea».
Tomer-Yerushalmi presentó una carta de renuncia en la que asumió la responsabilidad por haber permitido la difusión del material. En su misiva, la fiscal sostuvo que la decisión se tomó en el contexto de lo que definió como una “campaña de descrédito” contra la fiscalía militar; sin embargo, no explicó declaraciones previas que, según críticos, resultaron ser inexactas al High Court of Justice ni el carácter de la pesquisa interna que su propia oficina llevó a cabo para identificar el origen de la filtración.
El episodio se conoció tras la detención de una oficial que denunció la situación ante autoridades internas. La mujer fue retenida y luego interrogada en el cuartel general de las fuerzas, de acuerdo con fuentes próximas a la investigación; entregó su teléfono y el código de acceso y, según allegados, pidió una segunda comparecencia para aportar más datos. Sus colaboradores la describieron como una “whistleblower” que actuó pese al riesgo para su carrera: “Ella denunció —pero si eso sale a costa de su futuro profesional, nadie más hablará contra sus superiores”, dijeron. Hasta la fecha, Tomer-Yerushalmi no había sido formalmente interrogada bajo advertencia legal.
Reacción de los soldados y defensores
Los cuatro reservistas implicados —todos integrantes de la llamada Fuerza 100, unidad que se ocupa de incidentes de alto riesgo en centros de detención de sospechosos palestinos— ofrecieron una conferencia de prensa en la que defendieron su actuación. “No buscamos fama; buscamos justicia”, afirmó uno de los acusados. Otro, identificado sólo como “A.”, defendió las acciones de sus compañeros el 7 de octubre y denunció que los procesaron públicamente sin oportunidad de defensa: “No pedimos crédito —sabíamos que había que proteger al país—, pero en lugar de apoyo nos encontramos con acusaciones. No nos quedaremos callados. Seguiremos luchando. Solo pedimos justicia”.
Familiares y abogados de los acusados sostienen que el procedimiento estuvo viciado desde el inicio. Hila, esposa de uno de los reservistas, aseguró que el trato recibido por su marido le rompió la confianza en el sistema: “Vi a investigadores mentir, vi al Estado sacrificar a sus combatientes. La fiscal se defendió a sí misma, no a la verdad ni a la justicia”.
Los letrados que representan a los acusados denunciaron irregularidades y pusieron en duda la imparcialidad del proceso. Adi Keidar, del grupo legal Honenu, calificó la investigación como “el mayor engaño que hemos visto” y pidió la anulación del juicio y que se investigue a quienes, según su versión, encubrieron los hechos. Moshe Polsky sostuvo que la causa quedó “comprometida desde el inicio” y reclamó una revisión completa. Ephraim Dimri advirtió además sobre posibles obstrucciones de justicia y adelantó que, tras la declaración de la fiscal, podría ordenarse la detención de “altos funcionarios” implicados en el manejo del caso.
Repercusiones políticas y pedidos de investigación
Netanyahu reclamó públicamente una pesquisa externa e independiente que aclare cómo se autorizó la filtración y cuál fue el alcance de la comunicación interna del Ministerio de Defensa y la Fiscalía Militar. La controversia ha desatado críticas cruzadas: por un lado, quienes defienden a los detenidos hablan de voluntad de convertir a soldados en chivos expiatorios; por otro, sectores que piden responsabilidad institucional consideran inaceptable la difusión de imágenes que podrían dañar la credibilidad de las Fuerzas de Defensa de Israel y del sistema judicial militar.
El caso abre además un debate más amplio sobre la transparencia en las investigaciones internas, la protección de denunciantes dentro de estructuras militares y la necesidad de garantizar juicios justos para personal uniformado acusado de conductas graves. A la espera de la investigación anunciada por Netanyahu, la situación promete agudizar tensiones entre la cúpula militar, la Fiscalía Militar y las unidades operativas involucradas.