Itongadol.- Ciento sesenta de los 250 prisioneros palestinos liberados de cárceles israelíes bajo el acuerdo de alto el fuego con Hamás se convirtieron en millonarios, según un nuevo informe del observatorio israelí Palestinian Media Watch (PMW).
La riqueza fue acumulada a lo largo de años de pagos mensuales de la Autoridad Palestina (AP), que recompensa a los palestinos condenados por terrorismo con salarios y estipendios, en lo que los críticos denominan un sistema de “pago por matar”.
El informe destaca la política de larga data de la AP de brindar apoyo financiero a los terroristas condenados y a sus familias. Según esa política, quienes son encarcelados o mueren como resultado de ataques contra judíos e israelíes reciben salarios o beneficios mensuales, con montos más altos para quienes cumplen condenas más largas. Las familias de los atacantes que mueren durante los atentados también reciben asistencia económica.
La liberación de prisioneros formó parte de un acuerdo negociado bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que incluyó el regreso de 20 rehenes vivos y la repatriación de cuerpos de rehenes fallecidos en Gaza.
Según PMW, la AP pagó casi 70 millones de dólares en total a los 250 prisioneros liberados durante su encarcelamiento. Muchos habían sido condenados por asesinato, secuestro u organización de atentados suicidas.
Entre los liberados había altos mandos de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina (YIP) involucrados en ataques mortales contra civiles israelíes. En varios casos, los fondos provenían de ayuda internacional destinada al gobierno palestino.
Entre los ejemplos citados por el informe se encuentran:
Mohammed y Abdul Jawad Shamasneh: condenados por el asesinato de cuatro israelíes —entre ellos los adolescentes Lior Tubul y Ronen Karmani, el taxista Rafi Doron y el soldado Yehoshua Friedberg— recibieron juntos un total de 1,83 millones de shekels (unos 550.000 dólares) en 33 años. Mohammed fue sentenciado a tres cadenas perpetuas y 20 años adicionales, y Abdul a cuatro perpetuas y 20 años.
Eyad Abu al-Rub: comandante de la Yihad Islámica Palestina en Jenin, responsable de los atentados suicidas de Beit She’an (2003), el club Stage de Tel Aviv (2004) y el mercado de Hadera (2005). Recibió al menos 1,06 millones de shekels (318.000 dólares) durante su tiempo en prisión. Siete israelíes murieron en los ataques que organizó entre 2003 y 2005.
Imad Qawasmeh: alto operativo de Hamás en Hebrón, condenado a 16 cadenas perpetuas por planificar el doble atentado suicida de Be’er Sheva en 2004, que dejó 16 muertos y más de 100 heridos. Recibió 1,13 millones de shekels (339.000 dólares) mientras estuvo preso.
Riyad al-Amour: condenado en 2003 por su implicación en ataques que causaron la muerte de nueve israelíes, incluido el teniente coronel Yehuda Edri. Fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas y liberado tras recibir 1,28 millones de shekels (384.000 dólares). Su cómplice, Ismail Hamdan, obtuvo 1,21 millones (363.000 dólares).
Mahmoud Issa: veterano miembro de Hamás y fundador de la Unidad 101, cuyo objetivo era secuestrar soldados israelíes para negociar la liberación de prisioneros. Participó en el secuestro y asesinato del oficial de policía Nissim Toledano en 1992. Cumplió más de 35 años de prisión, incluidos 13 en aislamiento, y recibió 1,94 millones de shekels (582.000 dólares).
En febrero, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, emitió un decreto presidencial que modifica el marco legal de los pagos a las familias de palestinos presos en Israel o muertos durante ataques. La medida elimina artículos previos de las leyes que regulaban los estipendios para prisioneros, “mártires” y heridos.
Según el nuevo decreto, todas las familias que antes recibían pagos bajo la legislación anterior ahora estarán sujetas a las mismas normas que rigen los programas generales de protección social. La responsabilidad de administrar estos beneficios fue transferida al Fondo Palestino de Empoderamiento Económico, encargado de proveer asistencia social a todas las familias palestinas sin discriminación.
El fondo, de carácter independiente, está gobernado por un consejo de fideicomisarios designado por Abbas y opera bajo procedimientos transparentes y supervisión administrativa y financiera, incluso con monitoreo de instituciones internacionales, para garantizar una distribución justa y transparente.
De acuerdo con el decreto, el fondo buscará movilizar recursos financieros, donaciones y asignaciones para atender a las familias más necesitadas, especialmente ante el aumento de hogares que requieren apoyo tras la guerra en Gaza y en Cisjordania.
Funcionarios en Ramallah señalaron que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la posición legal de la Autoridad Palestina ante las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, con el objetivo de avanzar hacia el reconocimiento pleno como Estado miembro.