Itongadol.- Tres grupos palestinos de derechos humanos a los que se les impusieron sanciones estadounidenses por pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara a Israel por las acusaciones de genocidio en Gaza dijeron que planean continuar su cooperación con el tribunal de crímenes de guerra.
Los tres grupos —el Centro Palestino para los Derechos Humanos, con sede en Gaza, y el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, y Al-Haq, con sede en Ramallah— fueron incluidos ayer en la lista de designaciones relacionadas con la Corte Penal Internacional, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La medida marcó una intensificación significativa de los esfuerzos de la administración Trump para socavar el caso de la CPI contra Israel, ampliando la campaña de sanciones de Washington desde los funcionarios de la corte a grupos externos que respaldan el caso contra Israel.
El abogado palestino Raji Sourani, que dirige el Centro Palestino de Derechos Humanos, califica las sanciones de “vergonzosas” y dice que no se dejará disuadir.
“Esta es nuestra reacción: todo sigue igual, simplemente estamos en el tribunal haciendo lo que tenemos que hacer”, dijo Sourani a los periodistas a las afueras de la CPI después de reunirse con su fiscal adjunto.
En noviembre de 2023, las tres organizaciones de derechos humanos solicitaron a la CPI que investigara los ataques aéreos israelíes contra zonas civiles densamente pobladas de Gaza, el asedio del territorio y el desplazamiento de la población. Un año después, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exjefe de defensa, Yoav Gallant, así como contra líderes del grupo terrorista Hamás, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Israel también ha actuado contra Al-Haq en el pasado, designándolo como organización terrorista por sus presuntos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un grupo terrorista.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha impuesto sanciones a los jueces de la CPI, así como a su fiscal jefe, por las órdenes de arresto israelíes y una decisión anterior de abrir un caso sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
La CPI, establecida en 2002, tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en sus 125 países miembros. Algunos países, como Estados Unidos, China, Rusia e Israel, no reconocen su autoridad.