En el quinto día del juicio político contra el juez Juan José Galeano, un funcionario del Gobierno complicó más que ningún otro testigo la estrategia de la defensa.
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Alejandro Rúa, responsable de la oficina de investigación de la causa AMIA del Ministerio de Justicia, refutó la sorpresiva explicación dada anteayer por el juez para justificar el pago de la recompensa de 400.000 dólares hecho al desarmador de autos Carlos Telleldín a cambio de su declaración.
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Rúa le dijo al Jurado de Enjuiciamiento que «el modo que eligió el juez para pagarle a Telleldín estuvo completamente fuera de toda normativa legal», aun la establecida en el decreto secreto 2025, aquel que Galeano había alegado anteayer como legitimante de la recompensa y había presentado como un «hecho nuevo» que acababa de descubrir y que volvía «nula» la acusación en su contra.
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Rúa explicó que, desde el punto de vista legal, ni siquiera hubo «recompensa», porque ésta exige cumplir con ciertos requisitos, tales como su registro, que no se cumplieron.
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Pero el testigo fue aún más lejos. «Galeano sabe del decreto secreto desde diciembre de 2000», disparó Rúa, que demostró que, de acuerdo con en el expediente principal de la causa AMIA, el juez está informado de la existencia del decreto desde hace más de cuatro años.
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Es que la secretaria del juzgado de Galeano, María Susana Spina, le comunicó al magistrado, por este expediente, que había encontrado el decreto secreto 2025, que -según consignó la propia secretaria- «guarda relación con el atentado».
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Spina conoció el decreto cuando fue al juzgado de Gabriel Cavallo a tomar conocimiento del estado de una causa vinculada con la del atentado a la AMIA, en la que se acusaba al hoy diputado peronista Carlos Ruckauf de encubrimiento. El entonces vicepresidente había dicho que sabía quiénes eran los autores del atentado.
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Paradójicamente, anteayer, Galeano había acusado a Rúa y al fiscal Alberto Nisman de ocultarle el decreto.
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Además de Rúa, ayer declararon otros testigos, entre ellos Diana Malamud y Pablo Jacoby, titular y abogado de Memoria Activa, la agrupación más crítica de Galeano. Y en favor de la labor del juez, testificó el abogado Roberto Zaidemberg, ex vicepresidente de la AMIA.
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Ayer al mediodía, cuando la declaración de Rúa había terminado, puertas afuera de la sala de audiencias sonreían triunfantes los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a la acusación, Marcela Rodríguez y Beinusz Szmukler. Estaban satisfechos con Rúa, su principal testigo.
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«Galeano sigue diciendo que no conocía el decreto. ¿Cómo no va a conocerlo? Es ridículo, salvo que no tuviera el menor interés en la causa [AMIA]», dijo Szmukler.
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Dentro de la sala, que ya estaba vacía, Galeano, en diálogo con LA NACION, se defendió. Insistió en que no conocía el decreto secreto; volvió a sostener que esta norma respalda su actuación y justificó, una vez más, su intervención en el pago a Telleldín.
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-Su secretaria había dejado constancia en la causa AMIA de la existencia de la norma secreta 2025 y de que estaba vinculada con la investigación. ¿Usted no conoció el decreto en ese momento?
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-No. Lo que dice la certificación de la doctora Spina es que el juez Cavallo había sacado fotocopias, no nosotros.
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-¿Y no advirtió que ese decreto podía tener que ver con su causa?
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-En el momento lo vi, pero nunca lo advertí, ni la doctora Spina tampoco. ¿Usted sabe la cantidad de fojas que tiene la causa AMIA? Para mí eso tenía que ver con la causa satélite de Ruckauf, que tenía [el juez] Cavallo.
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-¿Por qué hizo el pago por la SIDE y no por la Secretaría de Seguridad Interior, como lo establece decreto sobre recompensas 2023?
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-Yo tomé conocimiento por los medios de que existía una operación de inteligencia en curso. No tengo que elegir el método. No dependía de mí. Lo hace el Poder Ejecutivo. Esto era una operación de inteligencia. Me parecía irregular y por eso la grabé.
.-¿Por qué no dejó constancia en el expediente de ese pago?
-No podía dejar constancia porque son operaciones que están bajo secreto de Estado. La ley le impone el secreto; no podía hacer otra cosa.
-Un año después de pagarle a Telleldín, usted inició un incidente de pago de recompensa y mandó un oficio a la Secretaría de Seguridad para saber si había un procedimiento previsto para hacer efectivas las recompensas. ¿Por qué lo hizo?
.-Lo pide Stinfale [Víctor], el abogado de Telleldín. El promueve el incidente. Parece que querían volver a cobrar.
.-Y si es así, ¿por qué consultó usted cuál era el método a seguir para abonar una recompensa que ya se había pagado?
.Yo estaba haciendo tiempo porque no había ninguna regulación para saber cómo se tenía que resolver sobre un pedido de recompensa.
.Hacía tiempo… ¿para qué?
-Estaba tratando de corroborar los dichos de Telleldín y esto, justamente, demuestra que no existió un pacto, como dicen, con él. Tanto es así que hasta terminó procesado y con confirmación de la Cámara.
.-¿Y cómo terminó ese expediente?
.-Le dije: usted no puede cobrar una recompensa porque parte de lo que dijo es falso.
.Si todo lo que dijo Telleldín hubiera sido cierto, ¿se le hubiera pagado dos veces?
.No lo sé.
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