«El modo que eligió Galeano para pagarle a Telleldín estuvo completamente fuera de la normativa legal que existía en ese momento», dijo Rúa, en una virtual réplica de la denuncia que formuló ayer el acusado.
Galeano había anunciado la existencia de un decreto secreto de 1994 que –según su interpretación– le daría un marco de legalidad a ese pago. Sin embargo, Rúa, al declarar como testigo, replicó que el pago «ignoró la normativa», incluso la establecida en el decreto secreto.
Se trata de los 400 mil dólares que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) le pagó al reducidor de autos, para que culpara del atentado contra la mutual judía a un grupo de policías bonaerenses.
Finalmente, todos fueron absueltos el año pasado por el Tribunal Oral Federal 3, en una sentencia en la que se denunció que Galeano estaba al tanto de este pago, entre otras irregularidades.
En la audiencia del jueves, el juez hizo referencia al decreto secreto 2.025/94; ya lo había hecho a fines del año pasado ante el Consejo de la Magistratura. Los miembros del Jury tomaron nota de su mención, pero siguieron adelante con la ronda de testigos.
Los primeros, el jueves, fueron el abogado de uno de los policías, José Manuel Ubeira, que criticó duramente al juez; Alberto Zuppi, de Memoria Activa, que fue más leve; y luego Juan José Avila, Marta Nercellas y Miguel Bronfman (representantes de la comunidad judía), que en líneas generales defendieron su actuación.
Ayer continuó Pablo Jacoby, también de Memoria Activa. Ante el gesto de desaprobación de Galeano, describió los obstáculos que –dijo– debió sortear para tomar conocimiento de los avances de la investigación.
Rúa, funcionario del Ministerio de Justicia, hizo hincapié en el decreto al que Galeano había apelado como defensa. «Ese decreto habilitaba dos millones de pesos para utilizar como recompensa a quienes estuvieran dispuestos a colaborar con la investigación.
ANTES DE INGRESAR A UNA AUDIENCIA. Seguridad era la encargada de los pagos, de los que debían quedar registros», dijo.
El defensor oficial de Galeano, Mariano Maciel, intentó repreguntar.
Pero fue interrumpido por el presidente del tribunal, el juez de la Corte, Augusto Belluscio.
Maciel se ofuscó: «No se nos permite ejercer el derecho de defensa», dijo.
El tribunal está avanzando contra reloj. Si el veredicto no se anuncia antes del 9 de agosto que es cuando se cumplen los plazos previstos por el artículo 115 de la Constitución–, el juicio caerá y Galeano volverá al Juzgado Federal 9. Hoy está suspendido en el cargo. •
Clarin