Itongadol/AJN.- El Parlamento palestino dirigido por Hamás, emitió un comunicado en el que asegura que tiene la autoridad para decidir sobre la aplicación de la pena de muerte en Gaza sin la aprobación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. La organización anunció que su Consejo Legislativo apoya la ley que le permite aplicar la “pena de muerte”.
Hace algunos días, la organización Hamás – que gobierna de facto la Franja de Gaza – anunció que comenzará a ejecutar públicamente a los condenados a muerte. En teoría, las órdenes de ejecución deben ser aprobadas por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que se encuentra en Ramallah y cuya autoridad es desconocida por Hamás.
A principios de semana, el fiscal general, Ismail Jaber anunció en conferencia de prensa que “próximamente se aplicará la pena capital en la Franja de Gaza” y pidió “que las ejecuciones sean públicas”. Jaber advirtió que el Consejo Legislativo es la única autoridad en esta materia, en alusión a Mahmoud Abbas.
Sin embargo, el pleno del Consejo Legislativo Palestino no se ha reunido desde que Hamás tomó el poder en la Franja de Gaza en junio de 2007, expulsando las fuerzas de Fatah, leales a Abbas.
En la actualidad hay 13 hombres, la mayoría convictos por robo y homicidio vinculado a un robo, están a la espera de ser ejecutados.
Por otra parte, la ONU expresó su condena a este anuncio. El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, advirtió que hay gran preocupación “por las recientes declaraciones de las autoridades, incluyendo el fiscal general, sobre su intención de llevar a cabo una serie de ejecuciones y tememos que sean inminentes”.
“La pena de muerte sólo debe aplicarse en circunstancias muy específicas y limitadas y tras un juicio escrupulosamente justo, que cumpla con las normas internacionales”, dijo el funcionario y agregó que no cree que ése sea el caso en la Franja de Gaza. En este sentido, Colville advirtió que la ejecución pública está prohibida por las normas internacionales de derechos humanos.
En sus declaraciones, Colville exigió a las autoridades de Hamás a respetar el derecho a la vida y a un juicio justo, y que cancelen las ejecuciones.