Itongadol.- La presentación, efectuada por el Fiscal General de la Causa Amia, Alberto Nisman, y por el fiscal Horacio Azzolín -que acompaña a Nisman en el juzgamiento de dichas irregularidades-, fue efectuada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, ante la demora en el inicio del juicio oral y público contra el Ex Presidente Carlos Menem, el Ex Juez Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, los ex Fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex Comisario Jorge Palacios y el ex Subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchézar, entre otros.
Los Fiscales mencionan en su exposición la trascendencia institucional del hecho que va a ser motivo de juzgamiento en la instancia oral, y la responsabilidad que en ella les cabe a quienes fueran altos representantes del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público fiscal, del Organismo de Inteligencia y de las Fuerzas de Seguridad y las altas penalidades previstas para los delitos imputados, como circunstancias que no pueden soslayarse y que el paso del tiempo sin que se inicie el juicio puede traducirse en impunidad para los acusados, incluso por causas biológicas, como ya ha ocurrido en este mismo proceso (vgr., Munir Menem, fallecido durante la tramitación del expediente)
El reclamo de los Fiscales viene a colación a que, luego de la recusación del juez Pablo Bertuzzi, se han venido sucediendo una serie de apartamientos y excusaciones por distintos motivos de gran parte de los jueces que integran los respectivos Tribunales Orales en lo Criminal Federal de esta Ciudad, por lo que los representantes del Ministerio Público efectuaron un fuerte llamado a fin que, a la mayor brevedad, se integre el Tribunal Oral 2 que ha sido designado para llevar adelante este juicio, y se provean los respectivos ofrecimientos de prueba que ya han sido realizados por las partes, como paso previo al reclamado y demorado inicio del juicio oral y público.
Ello no sólo hace al derecho inalienable de las víctimas del atentado a conocer los pormenores de las graves maniobras dolosas por las que los acusados van a ser juzgados, sino también está relacionada con el derecho que tiene todo imputado de definir su situación, frente a la ley y frente a la sociedad, mediante un veredicto definitivo acerca de su situación procesal.