El ministro de defensa de Israel, Ehud Barak, ha ordenado la demolición de ocho pueblos palestinos en el sur de las Montañas Hebron debido a que se necesita el territorio para ejercicios de entrenamiento de la Fuerza de Defensa de Israel, le dijo el estado a la Corte Suprema de Justicia ayer.
Los residentes de las zonas elegidas serán trasladados a la ciudad Yatta y sus alrededores. El estado dice, basado en información obtenida por informantes locales, que la mayoría de estas personas tienen hogares permanentes en el área.
El estado permitirá que los residentes trabajen sus tierras y pasten sus objetas donde la FDI no esté entrenando – los fin de semanas y en las vacaciones judías – durante otros dos períodos de un mes cada uno durante el año. Barak aceptó dejar cuatro pueblos que están en la parte noreste del área, aunque esto podría reducir las dimensiones del espacio de entrenamiento y evitar el uso de fuego en vivo.
Los lugares que serán demolidos son las villas más grandes de la región: Majaz, Tabban, Sfai, Fakheit, Halaweh, Mirkez, Jinja y Kharuba, las cuales en un total tienen 1.500 residentes. Las zonas que no serán tocadas son Tuba, Mufaqara, Sarura y Megheir al-Abeid, las cuales tienen 300 residentes en total.
La FDI y la Administración Civil los consideran a todos ocupantes ilegales en la Zona de Fuego 918, a pesar de que los pueblos han existido al menos desde 1830.
Se emitieron órdenes de evacuación contra 12 pueblos en 1999, pero fueron congeladas por un mandato de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a dos pedidos unidos: uno del abogado Shlomo Lecker y el segundo de la Asociación de Derechos Civiles en Israel, quienes juntos representaron a cerca de 200 familias. En el 2005 falló un esfuerzo por alcanzar un acuerdo sobre el tema de los residentes en el área hecho a través de un proceso de mediación.
En este punto, la Administración Civil comenzó a emitir ordenes de demolición contra cisternas y baños que muchas familias habían agregado, reclamando que éstos violaban el status quo establecido por la corte. En abril, luego de 12 años de varios procedimientos y demoras, la Corte Suprema mantuvo una audiencia preliminar sobre los pedidos, las cuales el estado entrego para que sea definida ayer.
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