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Causa AMIA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al Gobierno por el incumplimiento de un acuerdo alcanzado con Memoria Activa

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó al Gobierno argentino por el incumplimiento de los siete puntos del decreto 812 de 2005 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, en el que se comprometía a avanzar en la causa por el atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
El relator de la CIDH para el caso AMIA, Rodrigo Escobar Gil, cuestionó la "falta de avances" del Estado argentino en la investigación del ataque a la institución comunitaria.
Escobar Gil expresó la disconformidad del organismo en una reunión realizada en Washington (sede de la CIDH) con representantes del Estado argentino y la agrupación Memoria Activa, que nuclea a familiares y amigos de víctimas del atentado terrorista.
Según informó el diario La Nación, el organismo cuestionó “la falta de sanción de la ley de reparación a las víctimas del ataque; la mora en la elevación a juicio oral de la causa que involucraba al ex juez Juan José Galeano, ex funcionarios nacionales y dirigentes comunitarios; y la puesta en marcha de un plan de contingencia para catástrofes similares”.
Estos son algunos de los puntos prometidos por Kirchner como parte de una denominada solución amistosa con Memoria Activa.
Para Diana Malamud, miembro de Memoria Activa, una de las promotoras de la demanda contra el Estado argentino que se inició en 1999, “esta declaración del relator es una muestra del fracaso del Estado”.
“Eran cuestiones sencillas que de manera inexplicable y vergonzosa no se cumplieron", agregó la familiar.
De acuerdo a lo informado, el relator de la CIDH pedirá ahora a ambas partes que hagan su descargo para redactar su informe final, aunque la declaración deja abierta la puerta para que la Corte Internacional de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se expida finalmente sobre el asunto.
En la reunión participaron, además de Malamud, Diana Reisfeld y el abogado Pablo Jacoby, por Memoria Activa; Gastón Chillier por el CELS, y Javier Salgado por el Estado argentino. "Que un gobierno del mismo signo que el que firmó el decreto no haya cumplido lo que se prometió en 2005 habla de la falta de voluntad política", afirmó Jacoby.

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