El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso AMIA, Rodrigo Escobar Gil, cuestionó la "falta de avances" del Estado argentino en la investigación del atentado a la sede de la mutual judía, ocurrida e julio de 1994.
En una reunión realizada en Washington (sede de la CIDH) con representantes del Estado argentino y la agrupación Memoria Activa, que nuclea a familiares y amigos de víctimas del atentado terrorista, Escobar Gil informó que luego de siete años de espera, el Gobierno incumplió con los siete puntos del decreto 812 de 2005 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, que se comprometía a avanzar en distintos puntos vinculados con el ataque, que dejó 85 muertos y decenas de heridos.
PROMESAS
La falta de sanción de la ley de reparación a las víctimas del ataque; la mora en la elevación a juicio oral de la causa que involucraba al ex juez Juan José Galeano, ex funcionarios nacionales y dirigentes comunitarios; y la puesta en marcha de un plan de contingencia para catástrofes similares son algunos de los puntos prometidos por Kirchner como parte de una denominada solución amistosa con Memoria Activa, que no registró avances.
"Esta declaración del relator es una muestra del fracaso del Estado. Eran cuestiones sencillas que de manera inexplicable y vergonzosa no se cumplieron", afirmó a LA NACION Diana Malamud, de Memoria Activa, una de las promotoras de la demanda contra el Estado argentino, que se inició en 1999.
El relator de la CIDH pedirá ahora a ambas partes que hagan su descargo para redactar su informe final, aunque la declaración de anteayer deja abierta la puerta para que la Corte Internacional de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se expida finalmente sobre el asunto.
Participaron de la reunión, además de Malamud, Diana Reisfeld y el abogado Pablo Jacoby, por Memoria Activa; Gastón Chillier por el CELS, y Javier Salgado por el Estado argentino. "Que un gobierno del mismo signo que el que firmó el decreto no haya cumplido lo que se prometió en 2005 hablar de falta de voluntad política", afirmó Jacoby a LA NACION