Los funcionarios israelíes dijeron que Israel está considerando aplicar medidas "penales" contra la Autoridad Palestina, así como diversas medidas en contra del Consejo de Derecho Humanos de las Naciones Unidas, según informó este domingo el diario israelí Yedioth Ahronoth.
El jueves pasado, el Consejo aprobó una resolución que ordena, por primera vez, una investigación a Israel sobre los asentamientos de la Ribera para ver si pueden infringir los derechos de los palestinos. El foro de los ocho ministros discutirán posibles respuestas esta semana, dijeron las fuentes.
El gabinete tendrá en cuenta los informes, la congelación de impuestos de dinero que Israel recauda para la Autoridad Palestina, así como detener proyectos conjuntos financieros, tales como una iniciativa para otorgar 5.000 permisos de trabajo adicionales a los palestinos.
Sin embargo, es poco probable que Israel opte por congelar los fondos. Esta opción se utilizó por última vez en noviembre en respuesta a la decisión de la UNESCO de reconocer el estado de la AP. Luego, Israel se vio obligado a liberar los fondos un mes y medio después.
Israel ya ha decidido que no va a estar cooperando con la comisión de investigación y al parecer va a prohibir a sus miembros entrar en Cisjordania, como se hizo en el caso del comité Goldstone.
"En lo que a nosotros respecta no hay ninguna validez moral o política de la comisión de investigación de la ONU", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Daniel Ayalon. "Es por eso que no se les permitirá operar aquí", agregó.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, dijo que Israel está considerando boicotear el Consejo de Derechos Humanos o retir a su embajador en las instituciones de la ONU en Ginebra. Sin embargo, estas medidas tienden a ser utilizados sólo en el caso de que Israel convenza de hacer lo mismo a otros países como los EE.UU.
Un alto funcionario del Estado, dijo este fin de semana, que los palestinos se han perjudicado con su impulso a la creación de la comisión. Seis de los ocho estados de la Unión Europea se abstuvieron en la votación de la resolución, dejando al descubierto una brecha en la postura de la UE sobre los asentamientos.
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