Misterio y silencio siguen rodeando la suerte corrida por las tres toneladas de explosivos que en enero último desaparecieron de la Fábrica Militar de Azul, en un hecho que involucra doblemente al Estado: en su búsqueda, hasta ahora infructuosa, y en el esclarecimiento de cómo se produjo la desaparición en un predio estatal que cuenta con custodia.
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Además de ser el mismo material empleado en la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), los 2820 kilos de anfo -un compuesto elaborado con nitrato de amonio y gasoil- alcanzarían para realizar siete atentados similares al cometido contra la organización judía.
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En los últimos días, la única información oficial la brindó el Ministerio de Defensa mediante un comunicado de prensa en el que señaló que la fábrica productora del explosivo no cumplió con la obligación que le impone la ley de informar al Registro Nacional de Armas (Renar) sobre cualquier faltante o desaparición de material dentro de las 48 horas de producido el hecho.
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Por este motivo, y tal como había informado LA NACION, el Renar, organismo del Ministerio de Defensa que controla las ventas de explosivos, inició un sumario administrativo a la planta.
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En un país que en los últimos doce años fue escenario de tres atentados masivos con explosivos que ocasionaron 114 muertes y que todavía permanecen impunes -la embajada de Israel, en 1992; la AMIA, en 1994, y la Fábrica Militar de Río Tercero, en 1995-, el silencio o la falta de comunicación caracterizan el caso de Azul.
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Con algunas circunstancias agravantes: la «evaporación» de 90 bolsas con 30 kilos de anfo cada una ocurrió en una fábrica que pertenece al Estado.
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Fabricaciones Militares depende del Ministerio de Economía y es una empresa estatal. Sus plantas, como la de Azul, son dirigidas por altos oficiales del Ejército en actividad y cuentan con guardias y controles.
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Se ha comprobado que nadie extraño ingresó en el predio para llevarse el explosivo, porque las cercas estaban intactas y las puertas y los candados de los polvorines no habían sido forzados.
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En febrero último, tras descubrirse el faltante durante un recuento del stock de anfo en un polvorín, el director de la fábrica, coronel Aldo Serafín, radicó la denuncia en el juzgado federal de Azul.
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Fue el 27 de febrero pasado, y el juez federal Juan José Comparato dio intervención a la Delegación Azul de la Policía Federal.
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Sin embargo, el Renar sólo se enteró cuatro días después, y gracias a una nota publicada en el diario El Tiempo, de Azul.
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Y la SIDE, que tampoco estaba al tanto, lo supo el 24 de marzo, a raíz de una consulta periodística.
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Las primeras voces del Gobierno sólo se escucharon tras la publicación de LA NACION, y se limitaron a señalar la gravedad de lo que había sucedido.
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El anfo, que la fábrica de Azul vende con la marca Nago 280, es un clásico explosivo empleado por grupos terroristas en todo el mundo.
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Media tonelada de nitrato de amonio -su componente básico, que se emplea como fertilizante- fue hallado hace pocos días por la Scotland Yard en poder de presuntos terroristas.
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Pero lo más asombroso es un hecho conocido ayer que parece calcado del caso argentino: la policía australiana busca tres toneladas y media de nitrato de amonio que desaparecieron el mes pasado de un almacén de Adelaide (ver nota aparte).
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Un pasado siniestro
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Paradójicamente, la desaparición en Azul se produjo durante la mejor gestión directiva que ha tenido Fabricaciones Militares en catorce años, aunque el hecho sólo se circunscribe a esa fábrica bonaerense.
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Esta gestión, volcada a la producción, ha tenido el mérito, además, de colaborar estrechamente con la Justicia en casos resonantes, como el contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador y las voladuras de la AMIA y de Río Tercero.
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Los tres casos coincidieron con el siniestro pasado de la empresa estatal durante la intervención del menemista Luis Sarlenga, y dos de ellos tienen que ver con explosivos.
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En el de la AMIA se investiga si Fabricaciones Militares pudo haber entregado a un iraní los explosivos empleados como detonadores del anfo que demolió el edificio de la calle Pasteur.
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Río Tercero
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Y en el de Río Tercero, en el que finalmente se probó que la explosión fue intencional, lo que voló fue, precisamente, la Fábrica Militar de la ciudad cordobesa, que concentraba y acondicionaba el armamento del Ejército para su envío ilegal a Croacia y a Ecuador.
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Ana Gritti, querellante en la causa de Río Tercero, ha mantenido reuniones con el Presidente, el ministro del Interior y la Secretaría de Justicia sobre ese caso que ella llevó adelante contra viento marea durante los ocho años en que la Justicia quiso mostrar que el atentado fue sólo un accidente.
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El Gobierno está al tanto, entonces, del protagonismo de Fabricaciones Militares en uno de los episodios más trágicos de nuestra historia reciente. Razón demás para prestar atención a lo ocurrido en Azul.
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Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION
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