Por Raúl Kollmann
“Debían responder con su patrimonio por los daños”
–Irán y la comunidad árabe argentina, a través de Fearab, denuncian que usted embarga sobre la base de acusaciones falsas y mal intencionadas.
–Mire, los embargos preventivos decretados fueron la culminación de un proceso de estudio que realizó tanto la Fiscalía como el juzgado a raíz de un reclamo de naturaleza patrimonial que formuló un sobreviviente. Ese estudio concluyó que las personas imputadas debían responder civilmente –es decir, con su patrimonio– por los daños que causó el atentado que ellos mismos planearon y ejecutaron. Entonces, no existe ninguna acusación falsa, los embargos solo se tratan de una derivación lógica de la responsabilidad penal de los imputados. En cualquier hecho delictivo, el autor del delito es también patrimonialmente responsable por los daños que causó y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Los autores del atentado son patrimonialmente responsables por los daños que causaron y por esa razón se les trabó un embargo preventivo. Esa medida, hasta ahora, se hizo efectiva respecto del ex consejero cultural iraní en la Argentina, Mohsen Rabbani, pero la Fiscalía ya ha iniciado también otras acciones, incluso en el exterior, encaminadas a detectar bienes de otros imputados, que también podrán ser materia de embargos. En cuanto a la alegada mala intencionalidad de la medida, debo manifestar una obviedad, consistente en que el trabajo de la Fiscalía es eminentemente técnico. Va de suyo que no tenemos animosidad contra persona alguna, y menos contra una comunidad entera. Prueba de ello es que desde un primer momento, y respetando las normas legales internacionales, excluimos de los embargos a los bienes de la República Islámica de Irán –pese a que así estaba solicitado– por entender que esa nación, en razón de su soberanía, tenía inmunidad de ejecución. Tampoco hicimos efectivo el embargo preventivo sobre la mezquita Al Imán de Cañuelas, pese a que esa casa está a nombre de Mohsen Rabbani, por entender que estaríamos afectando y menoscabando el libre ejercicio del culto islámico. Le estoy dando ejemplos concretos sobre el modo de actuación totalmente objetivo que tiene la Fiscalía a mi cargo, por lo que la acusación de un actuar mal intencionado es totalmente infundada y falaz.
–¿Qué contesta a quienes dicen que esas propiedades no eran de uso de Rabbani sino que el dinero se utiliza para las actividades de la comunidad árabe?
–Si se quiere presentar esto como un avasallamiento a la comunidad árabe, se incurre en un gravísimo error. De hecho, como ya dije, entre las propiedades que se logró determinar que están a nombre de Rabbani, una estaría siendo usada como mezquita, y sobre ella no se adoptó ningún temperamento. La libertad de culto es un derecho reconocido constitucionalmente y la Fiscalía en todo momento demostró un apego irrestricto a ese principio. Acá las propiedades afectadas tienen un destino comercial y exclusivamente lucrativo, y precisamente, a partir de la investigación emprendida por la Fiscalía, que determinó que su dueño es Rabbani, se trabó un embargo preventivo, primero a partir del reclamo de una de las víctimas, y luego, en una acción que engloba a todos los damnificados. Y quiero poner el acento en esto: acá no tiene nada que ver quién lucraba con esas propiedades o si Rabbani las usaba o no, el embargo tiene como antecedente una acusación sólida, respaldada por un organismo internacional como Interpol, y es la medida procesalmente válida para resguardar el patrimonio.
–Irán sostiene que la investigación es falsa y que no hay un solo detenido ni pista alguna de los argentinos que ayudaron a concretar el atentado.
–Este ha sido el principal argumento empleado, obviamente sin éxito, por las autoridades iraníes para desacreditar el dictamen. De hecho, fue el eje de la posición iraní en el debate que se sustanció ante Interpol, por la oposición que aquel país manifestó ante los pedidos de captura de la justicia argentina. Sin embargo, debo decir que tanto la oficina de asuntos jurídicos de la Interpol como el secretario general de la organización, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General, donde el asunto fue examinado en profundidad, establecieron que tales alegaciones eran improcedentes. Le comento esto para que vea que, más allá de mi posición personal al respecto (pues obviamente estoy plenamente convencido de la solidez de las evidencias que respaldan mi acusación), ha habido una larga y sustanciosa discusión en un foro internacional, en el cual quedó en claro que el caso AMIA es un caso judicial, no político. Por lo demás, resulta curioso que Irán, que sistemáticamente se niega a responder nuestros exhortos o a colaborar con la investigación, y que protege y no entrega a la justicia argentina a los máximos responsables del atentado, venga ahora a preocuparse por quiénes fueron los argentinos que colaboraron en el hecho. En la causa no se descartó ninguna hipótesis y, por el contrario, se está trabajando intensamente para determinar quiénes brindaron apoyo local para la comisión del atentado.