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ANZORREGUY DIJO QUE ENTREGO FONDOS POR DECISION DE MENEM

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Citado a indagatoria por el juez federal Ariel Lijo, quien investiga presuntos
ilícitos cometidos en el sumario sobre el ataque a la mutual judía, el ex
funcionario se presentó esta mañana y, sin declarar, entregó un escrito con su
descargo al magistrado, tras lo cual se retiró de los tribunales de Retiro.

A Anzorreguy se le atribuye el delito de peculado, por haber facilitado los
400.000 pesos que se le habrían pagado a mediados de 1996 a Carlos Alberto
Telleldín para que incriminara a policías bonaerenses en la voladura del
edificio de la calle Pasteur 633, de esta Capital.

El juicio oral sobre el atentado -ocurrido el 18 de julio de 1994 y que causó
85 víctimas fatales- concluyó, luego de tres años de trámite, con la anulación
de casi toda el sumario, la absolución de los procesados y cuestinamientos a
la labor instructoria.

Según fuentes vinculadas al sumario, en su descargo Anzorreguy explicó que la
SIDE actuó como «policía preventiva» de un tercer atentado y que «existía
orden precisa del entonces presidente a todas las dependencias del Estado de
prestar máxima colaboración

en la investigación judicial».

Con relación a ese punto, el ex jefe de la SIDE relató que «toda la
información que se recababa se giraba al juez quien, a su vez, solicitó en
varias ocasiones el seguimiento específico de pistas o líneas de
investigación, cuyos resultados también les eran remitidos».

El ex funcionario consignó que su participación en la operación por la que el
ex juez requirió de la SIDE la entrega de 400.000 pesos consistió en «evaluar
las posibilidades fácticas y funcionales del cumplimiento» de la misma.

«No tenía otro camino que entregar el dinero solicitado, por tres razones: por
ser la SIDE un organismo colaborador del juez, por las leyes específicas de
inteligencia que reglamentaban el deber de colaboración y por disposición del
magistrado actuante y

decisión del entonces presidente».

La defensa sostuvo que Anzorreguy fue citado a declarar por sus dichos como
testigo en el juicio oral sobre el atentado, por lo que, si la imputación se
basa en esa exposición «resultaría lesiva a la garantía constitucional contra
la autoincriminación».

En su escrito el ex jefe de la SIDE contó que, en el marco de la colaboración
que se le prestaba, Galeano le pidió una reunión en la que le dijo que «la
causa se encontraba atascada, la familia de Telleldín amenazada y que se debía
garantizar su seguridad con

el objeto de que éste declarara» lo que hasta entonces había omitido.

Por ello, de acuerdo al ex funcionario, Galeano le solicitó los 400.000 pesos,
los cuales fueron dados al agente (de la SIDE) Patricio Finnen, 15 ó 20 días
después de esa reunión, para que se los entregara al juez.

«Ese dinero -agregó Anzorreguy- salió de los fondos reservados de la SIDE, los
cuales estaban amparados por la obligación del secreto».

El ex jefe de la SIDE detalló, además, que «el asiento contable de dichos
fondos se efectuaba en forma mensual, y el control sobre la conveniencia u
oportunidad del gasto quedaba reservado al Presidente de la Nación» de quien
él dependía jerárquicamente.

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