Itongadol/Agencia AJN.- Un organismo de alta seguridad vinculado al Ministerio del Interior de Irán ha cifrado en 3117 el número de muertos relacionados con los recientes disturbios en Irán, según informaron el miércoles los medios de comunicación estatales.
La represión de las protestas antigubernamentales en Irán no solo dejó víctimas entre los manifestantes, sino también entre personas que no participaban de las movilizaciones, de acuerdo con múltiples testimonios recogidos por testigos y organizaciones de derechos humanos.
Uno de los casos relatados es el de Arash, un estudiante de arte de 22 años que caminaba de regreso a su casa en Teherán cuando recibió un disparo de escopeta y murió en el acto. Según contó un amigo a Reuters, ambos se habían detenido brevemente a observar una protesta en la zona de la plaza Vanak cuando fuerzas de seguridad vestidas de negro comenzaron a disparar de manera indiscriminada. Arash no coreaba consignas ni participaba de la manifestación.
Su muerte, ocurrida el 8 de enero, es presentada por testigos como un ejemplo de un patrón más amplio durante la represión: civiles que no estaban involucrados en las protestas, alcanzados por disparos mientras observaban o intentaban huir del caos. Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente estos relatos ni determinar cuántas de las miles de víctimas fatales eran transeúntes.
Familiares de fallecidos describieron búsquedas desesperadas en hospitales, morgues y centros de detención para obtener información. Las autoridades iraníes no respondieron a solicitudes de comentarios, mientras que desde el 8 de enero se registraron bloqueos de líneas telefónicas e internet. Las misiones de Irán ante la ONU en Ginebra y Nueva York tampoco dieron respuesta.
El gobierno atribuyó las muertes y los disturbios a “terroristas y alborotadores” apoyados por opositores en el exilio y por Estados Unidos e Israel. La televisión estatal difundió imágenes de edificios públicos y bancos incendiados, que adjudicó a esos grupos.
La organización estadounidense HRANA informó haber verificado hasta ahora 4.519 muertes vinculadas a los disturbios, entre ellas 4.251 manifestantes, 197 miembros de las fuerzas de seguridad, 35 menores de edad y 38 transeúntes que no participaban de las protestas. Un organismo de alta seguridad vinculado al Ministerio del Interior iraní situó el número de muertos en 3.117, según medios estatales. HRANA mantiene además 9.049 muertes bajo revisión. Un funcionario iraní citado por Reuters habló de más de 5.000 fallecidos confirmados, incluidos unos 500 agentes de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre con manifestaciones limitadas en el Gran Bazar de Teherán por la situación económica, pero rápidamente se extendieron a todo el país. En pocos días, las consignas pasaron a exigir el fin del régimen clerical, y la televisión estatal mostró imágenes de lo que describió como “alborotadores” quemando retratos del líder supremo, Ali Khamenei.
Amnesty International señaló en un informe que documentó a fuerzas de seguridad desplegadas en calles y azoteas, incluso de edificios residenciales y mezquitas, disparando rifles y escopetas con munición metálica, en muchos casos apuntando a la cabeza y el torso de personas desarmadas. La organización sostuvo que las pruebas indican una escalada coordinada y a nivel nacional del uso ilegal de fuerza letal contra manifestantes mayormente pacíficos y transeúntes desde la noche del 8 de enero.
Entre las víctimas también figura Fariba, una adolescente de 16 años que había salido con su madre a observar una protesta. En medio de los disparos, se separaron mientras buscaban refugio. Dos días después, la familia encontró su cuerpo en el centro forense de Kahrizak, con un disparo en el corazón. Las autoridades aseguraron que había sido asesinada por “terroristas”, una versión que su madre rechazó de manera categórica.
Videos difundidos en redes sociales mostraron a familias buscando a sus seres queridos entre cientos de bolsas mortuorias en morgues y en el centro de Kahrizak. Reuters verificó la ubicación de esas imágenes, aunque no pudo confirmar identidades ni fechas exactas.
Testimonios similares surgieron desde distintas ciudades del país. Un médico que abandonó Irán el 14 de enero afirmó que los hospitales estaban desbordados de heridos de bala. En Karaj, al oeste de Teherán, residentes relataron el uso de armas automáticas contra manifestantes y civiles. En Kermanshah, se reportó el despliegue de vehículos blindados y tanques por parte de la Guardia Revolucionaria.
En Isfahan, el hermano de un comerciante de 43 años contó que lo sostuvo en sus brazos tras ser baleado por fuerzas de seguridad. Según dijo, su único “delito” había sido dar refugio a adolescentes que huían de la represión. En otro caso, una maestra de primaria de 28 años fue hallada muerta días después de desaparecer; su familia denunció que fue asesinada por las fuerzas de seguridad y que las autoridades condicionaron la entrega del cuerpo a que culparan a “terroristas”.
En la ciudad norteña de Rasht, una familia denunció que agentes irrumpieron en su vivienda y detuvieron a una mujer de 33 años por observar las protestas desde una ventana. Desde entonces, desconocen su paradero.
La ola de protestas representa uno de los mayores desafíos al sistema clerical iraní en años recientes. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió públicamente que podría intervenir si continuaban las muertes de manifestantes o si se concretaban ejecuciones. En ese contexto, el poder judicial iraní indicó que podrían avanzar las penas capitales contra detenidos durante los disturbios.