Itongadol/Agencia AJN.- Un nuevo estudio académico publicado la semana pasada analiza desde una perspectiva jurídica e histórica las acusaciones que califican a Israel como un Estado de apartheid, como un proyecto de colonialismo de asentamiento o como responsable de genocidio, y concluye que la evidencia examinada no permite establecer ninguna de esas categorías en los términos en que son planteadas.
El trabajo fue elaborado por Philippe Karpe, investigador senior y experto internacional del CIRAD, y Gunther Jikeli, profesor asociado del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Contemporáneo de la Universidad de Indiana en Bloomington. La investigación fue publicada en la plataforma académica SSRN.
Los autores sostienen que “el apartheid y el genocidio no están establecidos y que el colonialismo de asentamiento constituye una clasificación inadecuada”, incluso en aquellos contextos en los que cada una de esas acusaciones presenta sus argumentos más sólidos.
En relación con el apartheid, Karpe y Jikeli analizan las definiciones jurídicas establecidas por la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma.
El estudio reconoce que “el racismo y las disparidades sustanciales persisten” dentro del régimen de ciudadanía israelí en el territorio ubicado dentro de la Línea Verde. Sin embargo, señala que los ciudadanos árabes de Israel participan en elecciones nacionales, recurren a los tribunales y cuentan con representación en la Knesset.
Según los investigadores, aplicar la categoría de apartheid a esta situación implicaría equiparar la desigualdad etnonacional con un sistema de segregación racial impuesto legalmente y de exclusión política que, según su análisis, no existe dentro de Israel.
El análisis sobre Cisjordania
Respecto de Cisjordania, los autores reconocen que la ocupación prolongada, los asentamientos y las diferencias en los mecanismos administrativos constituyen, según su análisis, “el caso más sólido” para la acusación de apartheid.
Sin embargo, sostienen que la evidencia analizada no permite establecer el propósito o la intención necesarios para demostrar un sistema de “dominación y opresión racial sistemática”.
El estudio señala además que las divisiones administrativas existentes en Cisjordania tienen su origen en los Acuerdos de Oslo, negociados entre Israel y los palestinos. En ese sentido, afirma que la ausencia de ciudadanía israelí de los palestinos y la jurisdicción de la Autoridad Palestina ofrecen una explicación nacional y territorial para parte de las diferencias jurídicas existentes.
Los investigadores también sostienen que la situación interna de Gaza y las posteriores operaciones militares deben ser analizadas de manera diferenciada respecto de la existencia de un régimen racial institucionalizado.
La clasificación de colonialismo de asentamiento
El trabajo también examina la utilización del concepto de colonialismo de asentamiento para describir al sionismo y al Estado de Israel. Para ello, los autores analizan diferentes períodos, desde los asentamientos previos a la creación del Estado hasta los desplazamientos ocurridos entre 1947 y 1949 y el proyecto de asentamientos israelíes en Cisjordania posterior a 1967.
Karpe y Jikeli reconocen que este marco teórico permite analizar determinados aspectos relacionados con la adquisición de tierras y la expansión de asentamientos. Sin embargo, sostienen que no logra explicar adecuadamente el carácter nacional y de refugio del sionismo, el vínculo histórico del pueblo judío con la región ni la ausencia de una metrópoli convencional o funcionalmente equivalente.
El estudio señala además que, incluso en Cisjordania, las diferentes estrategias territoriales y las negociaciones relacionadas con posibles retiradas israelíes dificultan la interpretación de un proyecto continuo destinado a incorporar permanentemente el territorio.
Los autores también destacan que aproximadamente 160.000 residentes árabes permanecieron dentro de Israel después de la guerra de 1948 y posteriormente fueron incorporados al Estado. Según el estudio, este hecho complica la interpretación de que la formación del Estado haya sido concebida y ejecutada desde el comienzo como un programa integral de expulsión de la población indígena.
El análisis de la acusación de genocidio
En cuanto a la acusación de genocidio, los investigadores examinan las condiciones existentes en Gaza a partir del artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, con especial atención a las disposiciones referidas a la imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción física de un grupo y a las medidas destinadas a impedir nacimientos.
Para su análisis, los autores utilizan, entre otros elementos, datos del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). Según el estudio, esos registros contabilizan “al menos 1.341.904 toneladas de alimentos asociadas a 63.191 cargamentos” transportados mediante rutas terrestres y marítimas.
A partir de esos datos, los investigadores sostienen que se debilita la inferencia de que la situación de privación haya sido consecuencia de una política de ingreso de alimentos calculada para provocar la destrucción física de la población.
El estudio también aborda la suspensión de ayuda humanitaria registrada entre marzo y mayo de 2025. Según los autores, esa suspensión, por sí sola, no demostraría una intención de destruir físicamente a la población y consideran que el conjunto de la información disponible permite una interpretación alternativa, según la cual las restricciones respondieron a objetivos militares u operativos.
Los investigadores analizan además la destrucción de la clínica de fertilidad Al-Basma. El trabajo señala que la Comisión de Investigación de Naciones Unidas determinó que el ataque utilizó “un proyectil de gran calibre, probablemente un proyectil disparado desde un tanque de las fuerzas de seguridad israelíes” y se basó en la precisión del impacto.
Sin embargo, Karpe y Jikeli sostienen que la intención de destruir una clínica o material reproductivo no equivale por sí misma a una intención de impedir nacimientos con el objetivo de contribuir a la destrucción física o biológica del grupo protegido.
Los autores cuestionan la combinación de las tres acusaciones
Una parte central del estudio está dedicada a analizar la manera en que las tres acusaciones —apartheid, colonialismo de asentamiento y genocidio— son utilizadas conjuntamente en el debate público.
Los investigadores sostienen que las definiciones amplias y la utilización selectiva de evidencia pueden hacer que las tres categorías se refuercen mutuamente, desplazando la carga de la prueba y debilitando las diferencias conceptuales entre ellas.
Según los autores, cuando son presentadas de manera totalizante, las tres categorías pueden dejar de funcionar como descripciones de conductas específicas y convertirse en instrumentos para estigmatizar y deslegitimar a Israel como tal.
En declaraciones al diario The Jerusalem Post, Karpe y Jikeli explicaron que su trabajo busca principalmente preservar la precisión jurídica e histórica y analizar cómo estas acusaciones se combinan cada vez más en el discurso público.
Los investigadores remarcaron que apartheid y genocidio no son simplemente descripciones de determinadas conductas, sino categorías jurídicas con elementos específicos, incluidos requisitos relacionados con el propósito o la intención. El colonialismo de asentamiento, en cambio, constituye un marco histórico y comparativo diferente.
Por ese motivo, señalaron que el estudio analiza cada acusación por separado, sin permitir que las tres categorías se refuercen automáticamente entre sí.
“Aplicando los criterios jurídicos e históricos relevantes, nuestra conclusión es que la evidencia no establece apartheid ni genocidio, mientras que el colonialismo de asentamiento no proporciona una clasificación general adecuada del sionismo y de Israel”, afirmaron los autores.
Karpe y Jikeli agregaron que su objetivo no es reemplazar una narrativa por otra, sino examinar las afirmaciones realizadas, la evidencia en la que se apoyan y la manera en que interactúan dentro del discurso contemporáneo.
Los investigadores concluyeron que distinguir entre conclusiones jurídicas, interpretaciones históricas y juicios morales o políticos resulta fundamental para analizar las distintas dimensiones del conflicto sin reducirlas a categorías generales que, según sostienen, pueden terminar perdiendo precisión.
Israel not conducting genocide, not guilty of apartheid, new academic study shows
Fuente: The Jerusalem Post