Itongadol (Por David Berliner*/The Jerusalem Post).- La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de ejecutar órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel demuestra una vez más cómo incluso en las instituciones judiciales internacionales, supuestamente profesionales y objetivas, también se pueden tomar decisiones basadas en la política.
Durante sus 20 años de funcionamiento, hasta julio de 2022, solo se abrieron 51 casos en la CPI. En todos los casos hubo acusaciones graves de delitos como asesinato, violación, esclavitud sexual y utilización de niños soldados. Además, todos los casos involucraron ataques deliberados y generalizados contra civiles o no combatientes. De esos casos, solo 14 llegaron a un veredicto, de los cuales cuatro fueron absoluciones, cinco fueron condenas por violaciones procesales y solo cinco fueron condenas por los propios delitos.
Las órdenes de arresto del demandante contra altos funcionarios israelíes, si bien ignoran los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos diariamente en todo el mundo, atestiguan la severa politización en la que opera el tribunal.
El caso de la CPI contra Israel
La decisión tiene implicaciones a nivel internacional y nacional. En el ámbito internacional, podría dañar la legitimidad y el estatus de la CPI. Varios países, como Alemania, Austria, Australia y Hungría, habían anunciado previamente que se oponen a la competencia del tribunal en el caso contra Israel.
A nivel local, esta decisión significa que cualquier persona que tenga una orden de arresto emitida por la CPI no podrá viajar a ningún país que sea miembro de la Corte, y hay muchos países de ese tipo. Al aterrizar allí, serán arrestados.
Pero otra implicación se relaciona con la lucha por la reforma judicial en Israel. Una de las principales justificaciones para el activismo judicial de la Corte Suprema de Israel, particularmente en lo que respecta a las acciones de las FDI, fue que protegía a altos funcionarios israelíes de ser juzgados en la CPI. Pero ahora está quedando claro que esta afirmación fue exagerada, por decir lo menos.
- Abogado y profesor en la Universidad Bar-Ilan y el Instituto Académico Ono.