AJN/Itongadol.- Decenas de miles de personas se manifestaron a favor de la reforma judicial que impulsa el Gobierno, mientras que el presidente Isaac Herzog se reunió con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y los líderes de la oposición.
El debate final sobre el proyecto de ley de estándar de razonabilidad durará 26 horas en el pleno de la Knesset, hasta el lunes a las 12. Luego se comenzará a votar, lo que llevará varias horas más. Se espera que el proyecto de ley se convierta en ley por la tarde.
De acuerdo con un protocolo especial para el proyecto de ley de estándar de razonabilidad que fue aprobado la semana pasada en el Comité Interior de la Knesset, el pleno tendrá hasta 140 votos sobre las más de 27.000 objeciones presentadas por la oposición. La oposición elegirá qué objeciones someterá a votación.
Representantes del primer ministro Benjamin Netanyahu continuaron el domingo manteniendo conversaciones con otros miembros de la coalición y representantes de la Residencia Presidencial sobre una versión suavizada del proyecto de ley.
Dado que el proyecto de ley ya fue aprobado en el Comité Legal, la única forma de que el proyecto de ley cambie es si la coalición vota para apoyar una o más de las objeciones.
El «proyecto de ley de estándar de razonabilidad» es una enmienda a la Ley Básica: El Poder Judicial, que impediría que los tribunales de Israel apliquen lo que se conoce como el «estándar de razonabilidad» a las decisiones tomadas por funcionarios electos. El estándar es una doctrina de derecho consuetudinario que permite la revisión judicial contra las decisiones administrativas del gobierno que se consideran más allá del alcance de lo que emprendería una autoridad responsable y razonable.
La redacción actual del proyecto de ley prohíbe el uso de la norma para las decisiones tomadas por el primer ministro, el gabinete o cualquier ministro. También prohíbe su uso contra la decisión de un ministro de no hacer uso de su autoridad y sobre los nombramientos de trabajadores del gobierno.
Los defensores de la ley argumentan que es una herramienta altamente subjetiva para el activismo judicial que permite a la Corte subvertir la política del gobierno con sus propios puntos de vista. Los críticos argumentan que la herramienta es esencial para contrarrestar la corrupción y garantizar la protección de las personas frente a decisiones gubernamentales arbitrarias y caprichosas.