Itongadol/Agencia AJN.- La fiscal general y asesora letrada de Israel, Gali Baharav-Miara, escribió hoy una carta para criticar la citación del gobierno a una audiencia sobre su destitución y la calificó como parte de un “pacto político” destinado a asegurar la supervivencia del gobierno.
Baharav-Miara no asistirá a la audiencia.
«La audiencia programada para hoy permite al gobierno destituir a la fiscal general y a cualquier asesor futuro por motivos extranjeros y de corrupción», afirmó.
“En respuesta a que el asesor impidió acciones ilegales, ordenó la investigación o el procesamiento de un miembro de la coalición, se negó a detener un proceso penal contra un miembro del gobierno en funciones o como parte de un ‘pacto político’ para asegurar la supervivencia del gobierno», agregó.
«Esta es una audiencia solo para comparecer, cuyo resultado ya se conoce de antemano, y su importancia representa un duro golpe para el Estado de derecho y la democracia israelí», escribió Baharav-Miara.
El domingo, el juez del Tribunal Superior de Justicia, Noam Sohlberg, rechazó una solicitud de orden judicial para cancelar la audiencia programada para el lunes contra Baharav-Miara.
Un comité ministerial se reunirá hoy para discutir su destitución, la solución apresurada impulsada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, tras no haber cubierto los puestos necesarios para el comité público-profesional que supervisaría el proceso, en colaboración con el gobierno.
La decisión de Levin de delegar el proceso a los ministros ha recibido fuertes críticas por politizar un puesto delicado y sensible. Quienes la apoyan argumentan que la situación es tan grave que ha vuelto obsoleta la relación laboral entre el gobierno y la fiscal general, y que, dado que no se pudo cubrir la vacante del comité público-profesional, este es el siguiente paso necesario.
El fiscal general es el asesor legal del gobierno, su intérprete de la ley y su representante legal: su abogado. Legalmente, para contratar o despedir al fiscal general, se debe reunir un comité externo de profesionales públicos y proporcionar una opinión experta al gobierno antes de que este tome una decisión.